INE prohíbe a Sheinbaum, gobernadores e instituciones públicas promocionar las elecciones judiciales
Agencias
El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió al gobierno federal, a los estatales y municipales, así como a cualquier institución pública o funcionario, promover la participación ciudadana en la elección judicial del próximo 1 de junio.
Con ocho votos a favor y tres en contra, los consejeros del INE determinaron que la única institución que podrá hacer promoción de los comicios, así como de los candidatos, es el propio árbitro electoral.
De esa manera, la presidenta Claudia Sheinbaum ya no podrá promocionar los comicios en sus conferencias matutinas o durante sus mítines en las giras nacionales que hace cada fin de semana.
El consejero Arturo Castillo Loza propuso establecer que «ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles en las candidaturas en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional».
Durante la discusión del proyecto, algunos comisionados expresaron su preocupación por los 24 minutos al día que tiene el INE en la radio y televisión para promocionar a todos los candidatos a jueces, magistrados y ministros.
Por eso, establecieron que aunque el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial no puedan promover la participación ciudadana, podrían ceder sus tiempos de transmisión al órgano autónomo.
Por ello, en la propuesta de Castillo se agregó que «en su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades”. Al presentar el proyecto, el consejero Castillo argumentó que la prohibición de la promoción a las elecciones judiciales por parte de otros funcionarios e instituciones es porque se trata de una «atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral» y porque los candidatos tienen prohibido usar recursos públicos con fines de promoción de participación ciudadana
