Rubén Moreira Valdez
Un conductor hace arriesgadas maniobras para evitar ser asaltado en una carretera del estado de Puebla. Es común saber de esos acontecimientos en aquella entidad; igual suceden en autopistas de cuota que en aquellas que conocemos como libres.
La carretera México–Tulancingo es otra trampa. Igual asaltan con patrullas clonadas que colocando rocas y poncha llantas para obligar a los conductores a detenerse y poder robarlos de manera impune.
En la autopista México – Querétaro también son habituales los asaltos, en particular en los tramos que cruzan Hidalgo y el Estado de México. Por cierto, en esa vía abundan sitios donde se vende combustible ilegal; se conocen como Cachimbas y gozan de la protección de las autoridades.
Es claro: el gobierno federal cambió la estrategia de seguridad y se alejó de los “abrazos y no balazos”. El costo de la postura del expresidente López Obrador fue muy alto en vidas y daños patrimoniales. Además, nos colocó en una narrativa que permite a los americanos calificar a México como un peligro para su seguridad y, por lo tanto, un objetivo en su política intervencionista.
Omar García Harfuch tiene buenas credenciales. Sin embargo, se encuentra atrapado en la herencia populista del “dejar hacer y dejar pasar” de Morena y la inacción de muchos gobernadores.
La última encuesta del INEGI sobre la percepción de seguridad en las zonas urbanas muestra que, lejos de mejorar la situación, la población se siente en mayor peligro. En buena medida, el sentimiento se sustenta en un hecho irrebatible: algunos grupos delincuenciales se apropian de territorios completos donde hacen y deshacen a su gusto.
La maquinaria oficial presume que los homicidios disminuyen. Es difícil saberlo, porque las cifras se manipulan. Sin embargo, es evidente el aumento de las desapariciones y la crisis humanitaria que esto representa.
Los nuevos dueños del territorio fincan una buena parte de sus ganancias en el cobro de piso. Las comunidades les pagan, entre otras cosas, por mantener la paz, transitar por las carreteras, no asesinar, permitir el comercio, la industria o la agricultura. También se encuentra bajo su control la venta de productos de todo tipo, legales e ilegales.
Un estudio del Colegio de México revela que uno de cada cinco cigarrillos que se consumen en el país son producidos o traficados por criminales. El informe es público y se puede descargar en la página electrónica de la institución.
Para muchas bandas delictivas, los ingresos producto de estas prácticas son similares o superiores a los que se obtienen por la venta o trasiego de drogas.
Sin la participación de las y los gobernadores, la seguridad nunca llegará y corremos el riesgo de una “pax criminal” sostenida por el cobro de piso y el comercio ilegal.
