Y revocación de licencias a negocios que permitan espectáculos con este subgénero musical
Iris Velázquez / Agencia Reforma
Impone Michoacán multas y clausuras por narcocorridos
CD. DE MÉXICO.- El Gobierno de Michoacán informó que a partir del jueves 17 de abril quedarán prohibidos los eventos públicos que hagan apología del delito, y quienes violen este mandato serán sancionados con multas económicas de hasta 80 mil pesos, suspensión de licencias o clausura de establecimientos.
El Gobernador de la entidad, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla firmó y publicó este miércoles el decreto que prohíbe la interpretación y/o reproducción de música que promueva la apología del delito en eventos públicos en este Estado, con el objetivo, señaló, de “fortalecer la cultura de la paz”.
Esta medida, que entrará en vigor a partir de este jueves 17 de abril, afirmó, se alinea con la estrategia de seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a nivel federal.
Michoacán informó que la nueva normatividad publicada en el Periódico Oficial del Estado aplicará en cualquier plaza, auditorio, estadio, centro de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público en el que “se realicen presentaciones que influyan en la generación de violencia a través de géneros musicales”.
“Estos últimos incluyen a los comúnmente conocidos como corridos tumbados, narcocorridos, corridos progresivos, corridos bélicos y corridos alterados u otros que hagan alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos”, detalló.
El incumplimiento de este decreto conllevará sanciones tanto económicas como administrativas. Las autoridades facultadas para realizar los operativos de inspección, que incluyen a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, podrán imponer la suspensión temporal y definitiva del evento, la clausura del lugar y la revocación de licencias.
Además, se contemplan multas de hasta 700 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que actualmente equivaldría a la cifra de 79 mil 198 pesos.
El Gobernador Ramírez Bedolla destacó que los recursos recaudados por estas multas a los organizadores y facilitadores de los eventos, que incumplan la normativa, serán destinados a apoyar grupos musicales u orquestas de niños de la Meseta Purépecha.
El Mandatario reiteró que esta acción no representa una censura a la libertad de expresión ni a la cultura musical en general.
“Estamos a favor de la libertad de expresión y de la cultura musical, siempre y cuando no se promueva o influya con mensajes que hagan alusión a grupos criminales y a la violencia y nuestra responsabilidad como autoridad es no permitir ese tipo espectáculos”, afirmó.
Esto también se aclara en el decreto publicado en el Periódico Oficial de Michoacán esta tarde, y que deberá ser acatado por los 113 ayuntamientos de la entidad.
“Aunque la libertad de expresión representa un derecho fundamental consagrado por nuestra Constitución, no es un derecho absoluto. La apología del delito ejemplifica una limitación razonable a este derecho especialmente cuando una obra artística o cultural promueve la perpetración de actividades ilícitas o impulsa comportamientos ilegales que afectan la seguridad, el bienestar y los derechos de la colectividad. En tales casos, la intervención estatal para prevenir posibles daños se justifica plenamente”, refiere el documento.
“Es imprescindible que los eventos públicos no se conviertan en vehículos para la incitación al crimen, sino que promuevan la construcción de una sociedad equitativa, respetuosa y en paz (…) la razón fundamental de esta medida es proteger a nuestro estado de contenidos que inciten a la comisión de actos ilícitos, y que glorifiquen estilos de vida delictivos, los cuales son contrarios a valores de paz y respeto que buscamos fomentar.
“El Gobierno de Michoacán, comprometido con la construcción de una sociedad segura y armoniosa, considera indispensable tomar medidas para limitar la difusión de mensajes que puedan poner en peligro la seguridad pública. Este decreto no pretende coartar la libertad de expresión, sino más bien, regular su ejercicio para evitar que se traduzca en perjuicio de la sociedad”, precisa.
También ordena a las autoridades educativas y culturales locales a promover la música y el arte “como herramientas para la construcción de una cultura de paz, respeto y valores”.
A inicios de este mes, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por la presentación del grupo Los Alegres del Barranco en Uruapan, donde se proyectaron imágenes alusivas al crimen organizado. El titular de la institución, Adrián López Solís manifestó limitaciones por no poder actuar en un marco legal contra la apología del delito e informó que el caso sería turnado a la FGR.
Esta decisión coloca a Michoacán en la línea de otros estados que ya han implementado medidas legales para restringir la difusión de narcocorridos y sus variantes en eventos públicos. Entre ellos se encuentran Nayarit, Baja California, Chihuahua, el Estado de México y Quintana Roo, entidades que han buscado limitar la influencia de este género musical que a menudo exalta la violencia y la cultura del narcotráfico.
La Presidenta Sheinbaum, que si bien se ha manifestado en contra de la prohibición total del género, ha abogado por que las letras no hagan apología del delito.
Tras los incidentes violentos ocurridos en la Feria del Caballo 2025 en Texcoco, el Gobierno del Estado de México, liderado por la morenista Delfina Gómez, también advirtió sobre la aplicación de sanciones a quienes realicen apología del delito en eventos públicos, basándose en la normativa vigente del Código Penal estatal.
En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus (MC) ha remitido al Congreso local una iniciativa de reforma legal con el objetivo de prohibir en el estado la música, videos o imágenes en eventos públicos cuyo contenido promueva la violencia o haga apología del delito. Incluso diputados locales de Morena han propuesto ir más allá, buscando tipificar los narcocorridos como apología del delito y establecer penas de hasta cuatro años de prisión.
En contraste a estados que avanzan en la restricción de los narcocorridos, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), ha manifestado una postura contraria, comprometiéndose a no apoyar ninguna iniciativa que vete los “corridos tumbados”, a pesar de los esfuerzos del Congreso local por prohibir este género.
