Dueño de taller lo acusa de haber engañado al velador para llevarse la traila con valor de 370 mil pesos, que luego cruzó a Estados Unidos
Alexis Massieu
La Prensa
Por el robo de una “food truck”, con valor de 370 mil pesos, un presunto delincuente identificado como Sergio Raúl “N”, fue vinculado a proceso el día de ayer, al considerar el Juez Oscar Cadena García, que existen pruebas suficientes para que el Ministerio Público lo siga investigando.
Fue en el Centro de Justicia Penal, donde se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso identificado como la causa 1102/2024, por el delito de robo calificado, en donde la víctima es un empresario de nombre Héctor Everardo.
Según la acusación que realizó el Ministerio Público, el robo lo cometió el 4 de octubre del año 2023, aproximadamente a las 11:30 horas, cuando Sergio Raúl “N”, llegó al taller de la víctima localizado en la colonia Veteranos, de donde se llevó la traila diseñada para preparar comida, con cocina, enfriador y aire acondicionado entre otras cosas, diciéndole al velador que tenía la autorización del dueño.
Con ayuda de un chofer, el acusado enganchó la “food truck” a una Dodge RAM de color negro, y se la llevó con rumbo desconocido, pese a que aún no había pagado por ella.
Cuando el juez le dio a Sergio Raúl “N” la oportunidad de declarar, el acusado alentado por su abogado decidió contar “su verdad”, señalando que sí, que se llevó la traila, pero que no fue un robo, porque él y la víctima eran socios, en donde él estaba encargado de supervisar la construcción y de la venta.
La traila indicó, se la llevó a la frontera con Estados Unidos, donde un tercero—Chuck López–le iba a ayudar a venderla por 20 mil dólares, pero que este los estafó a él y a su socio, y perdieron todo el dinero.
Con base a las pruebas que presentó el Ministerio Público en contra de Sergio Raúl “N”, y la declaración que dio colocándose en el lugar y la fecha en que se cometió el robo, el juez le dictó un auto de vinculación a proceso, y le impuso como medida cautelar la de acudir a firmar de manera periódica a la Unidad de Medidas Cautelares, para garantizar que no se vaya a sustraer de la acción de la justicia.
Para que tanto el Ministerio Público como la defensa, puedan obtener más pruebas a favor o en contra, el juzgador les autorizó un plazo de 3 meses para que lleven a cabo una investigación complementaria, tras los cuales se reanudarán las audiencias.
