La fiscalía lo acusa de coludirse con la delincuencia organizada en la operación de un campo de reclutamiento y entrenamiento
Por Staff/Agencia Reforma
La Prensa
JALISCO.- El alcalde de una pequeña ciudad mexicana ha sido acusado de coludirse con uno de los cárteles de la droga más violentos del país en la operación de un centro de reclutamiento y entrenamiento que se descubrió en marzo.
El alcalde, José Asunción Murguía Santiago, fue acusado de cargos de delincuencia organizada y desaparición forzada, dijeron los fiscales en una audiencia celebrada el viernes.
El emplazamiento del centro, en el estado occidental de Jalisco, adquirió notoriedad después de que grupos de buscadores voluntarios anunciaron el hallazgo de cientos de zapatos apilados, montones de ropa y lo que parecían ser fragmentos de huesos humanos encontrados en un rancho abandonado rodeado de campos de caña de azúcar en Teuchitlán, una localidad a las afueras de Guadalajara, lo que causó conmoción en todo el país. Los buscadores afirmaron que el rancho era el lugar de incineraciones humanas, pero las autoridades han dicho posteriormente que no existen pruebas de ello.
Las acusaciones contra Murguía Santiago sirvieron como punzante recordatorio del largo historial de connivencia de las autoridades mexicanas con la delincuencia organizada, en un momento en que el presidente Donald Trump ha propuesto utilizar soldados estadounidenses para acabar con los cárteles. La presidenta de México lo ha rechazado.
El fiscal general Alejandro Gertz dijo la semana pasada que hasta hace poco el rancho de Teuchitlán había sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como campo de entrenamiento y reclutamiento. Las autoridades mexicanas han dicho que el cártel atraía al rancho a nuevos reclutas con falsas ofertas de trabajo.
Sin embargo, en un distanciamiento de comentarios anteriores, Gertz insistió en que no había pruebas de que se hubieran llevado a cabo incineraciones allí, y dijo que las afirmaciones de que el lugar había sido un “campo de exterminio” eran infundadas. Los grupos de voluntarios han rebatido los hallazgos del gobierno federal, insistiendo en que se han recuperado del rancho 17 lotes de restos humanos carbonizados, incluidos dientes y fragmentos óseos.
Gertz dijo que su oficina no sabía cuántas personas podrían haber desaparecido en el rancho y que los investigadores iban “a perseguir a quien encubría o participaba” en las operaciones del cártel.
El caso ha vuelto a llamar la atención sobre las más de 127.000 personas que han desaparecido en México desde la década de 1960. También se ha convertido en una piedra en el zapato para la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien se presiona para que resuelva de una vez por todas la crisis de desapariciones del país. Desde que asumió el cargo en octubre, han desaparecido casi 8700 personas, según datos del gobierno.
Si bien Sheinbaum ha prometido utilizar sus fuerzas para contrarrestar a los cárteles —y ha intensificado esos esfuerzos desde que Trump asumió el cargo—, el nexo entre las autoridades mexicanas y los grupos de narcotraficantes sigue siendo un problema.
Hasta el momento, se ha detenido a más de una decena de sospechosos en relación con el caso Teuchitlán. Entre ellos se encuentran cuatro ex agentes de policía y un jefe policiaco, así como un líder del cártel identificado como José Gregorio Lastra, quien, según las autoridades, supervisaba el centro de entrenamiento.
Según el testimonio de Lastra, revelado en parte por las autoridades mexicanas, su grupo mataba, golpeaba y torturaba a quienes se resistían al entrenamiento o intentaban escapar del rancho.
Murguía Santiago, ahora en su tercer mandato, es el primer funcionario gubernamental que ha sido detenido. Su detención, el 3 de mayo, es indicio, según los expertos, de la estrecha relación que el crimen organizado ha establecido con las autoridades locales en algunas partes de México, ya sea mediante la colaboración o la coacción.
“O intentas ser un freno al avance territorial del crimen organizado, y eso lo pagas muy caro”, dijo David Mora, analista principal del International Crisis Group, organización que vigila y trata de mitigar los conflictos armados, “o te doblas y cooperas”.
Los detalles del caso contra el alcalde salieron a la luz el viernes durante una audiencia.
Según los fiscales, el alcalde habría visitado el rancho varias veces en 2024. Los fiscales también acusan a Murguía Santiago de estar en la nómina del cártel. A cambio, dicen, el alcalde les permitía operar el centro de entrenamiento y les ofrecía vigilancia a través de la policía municipal para asegurarse de que los reclutas no escaparan.
“¿Cómo es posible que quien deba cuidarnos forme parte de esta organización criminal”, dijo Víctor Manuel Guajardo, uno de los fiscales que supervisa el caso en la audiencia del viernes. “Permitió que ese grupo delictivo se desarrollara, creciera”.
Murguía Santiago se ha negado hasta ahora a declarar. Durante la audiencia, su equipo de defensa presentó a una testigo, su secretaria, quien dijo que el alcalde no pudo haber visitado el rancho en los meses en que se le acusa de haber estado allí porque ella estaba con él “la mayor parte del tiempo”, aunque a veces le perdía la pista por las tardes, dijo.
En marzo, Murguía Santiago declaró a los periodistas que no tenía conocimiento de lo que ocurría en el rancho.
“A mí la verdad no me preocupa lo que pueda pasar”, dijo en una entrevista televisada. “Nosotros no estamos involucrados en nada. Yo lo que he esperado siempre como presidente municipal es tratar de ayudar a la gente”.
Desde su toma de posesión en enero, el gobierno de Trump ha acusado al gobierno mexicano de estar controlado por los cárteles, sugiriendo que se necesitan fuerzas estadounidenses para contrarrestar el vasto imperio de producción de drogas y contrabando. Esto ha provocado episodios de tensión con el gobierno mexicano, que insiste en que un ataque unilateral del Pentágono contra los cárteles sería una violación de la soberanía de México y supondría un retroceso de décadas en las relaciones bilaterales.
