Consideró María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro Prodh
Por Gloria Leticia Díaz/Proceso
La Prensa
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La absolución judicial del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “en realidad es una resolución contra la ‘verdad histórica’ de Jesús Murillo Karam”, sostuvo María Luisa Aguilar Rodríguez, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Aguilar Rodríguez fue entrevistada por Proceso luego de conocerse la sentencia el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, por la que se ratifica la absolución a Abarca Velázquez, contra la que el Centro Prodh había promovido un amparo como representante de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos.
Explicó que, durante la gestión de Murillo al frente de la Procuraduría General de la República (FGR), se procesó a Abarca y a otras 18 personas, entre ellas al exjefe de la Policía Preventiva de Iguala, Felipe Flores Velázquez, “por el secuestro de los estudiantes, es decir, es la acusación de la ‘verdad histórica’, es la causa penal 66/15, que se consignó a inicios del 2015”.
Recordó que durante el litigio “muchas de las pruebas que se revisaron por parte de los tribunales se fueron cayendo o se desestimaron porque eran ilegales, de ahí que a Abarca lo absolvieron en 2019, se apeló la sentencia, y en la apelación se volvió a confirmar la sentencia, en mayo de 2023”.
Agregó que el Centro Prodh presentó un amparo directo “más porque era el último recurso de las familias, no tanto porque consideráramos que la versión fuera la adecuada”, pues el delito aplicable era desaparición forzada de personas y no secuestro agravado.
Frente a los señalamientos en contra del actual Poder Judicial por la absolución de Abarca y otros, Aguilar Rodríguez alertó que “la sentencia sólo ratifica la posición del Poder Judicial rechazando también ‘la verdad histórica’, porque estaba construida con base en pruebas ilícitas”.
Aguilar Rodríguez alertó que, ante el desmoronamiento de las causas penales impulsadas por Murillo Karam por la falta de sustento probatorio, durante la gestión de Omar Gómez Trejo al frente de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio de la Caso Ayotzinapa (UEILCA), “presentó acusaciones en contra de Abarca por delincuencia organizada, no por desaparición, pero que tiene varias causas en su contra que son las que lo mantienen todavía privado de la libertad”, situación que también se aplicó a Felipe Flores.
“En este caso en particular, Abarca, Felipe Flores y los otros 16 son de las pocas sentencias absolutorias, que no son solo liberaciones bajo reserva de ley, como ha ocurrido en otros casos relacionados con el caso Ayotzinapa”, apuntó la defensora.
Ante la ratificación de la sentencia absolutoria, María Luisa Aguilar consideró que, en términos de justicia, sería indispensable que desde la UEILCA “alguien dirigiera bien la investigación para llevar a cabo una revisión adecuada y ver si es posible tener pruebas limpias en contra de él por la desaparición forzada de los estudiantes y presentarlas ante un juez”.
Sin embargo, alertó que mientras Rosendo Gómez Piedra siga al frente de la Fiscalía Especializada “eso no va a pasar, porque el señor que está dirigiendo la investigación está siendo acusado de corrupción, de pasar charolas para campañas electorales”.
La mención de Aguilar Rodríguez se relaciona con las acusaciones contra Gómez Piedra por solicitar dinero a servidores públicos de la UEILCA para financiar la campaña de Sara Irene Herrería, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La denuncia fue presentada de manera anónima al fiscal Alejandro Gertz Manero, a los titulares de otras fiscalías especiales de la FGR, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno federal, según revelaron en días recientes algunos medios de comunicación.
Cabe recordar que en la última reunión que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con los padres y las madres de los normalistas desaparecidos, el pasado 27 de mayo, la situación de Gómez Piedra fue abordada por los familiares.
Un día después, en la conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada por los señalamientos contra el fiscal especial, Sheinbaum Pardo indicó que el relevo estaba siendo analizado.
