Por pago de 22.6 mdp en Castaños
Afectados en el Cañón del Chilpitín acusan a líderes de condicionar la entrega de compensaciones federales a cambio de darles la mitad del monto
Por Iván Villarreal
La Prensa
Castaños, Coahuila. — Al menos 30 ejidatarios y propietarios del Cañón del Chilpitín, en el municipio de Castaños, denuncian haber sido víctimas de extorsión y chantaje por parte de autoridades ejidales y una presunta “mesa negociadora”, quienes condicionan el pago de recursos federales a la entrega de la mitad del dinero que les corresponde.
Los afectados, entre ellos José Manuel González y Joel Riojas, señalan que el Gobierno Federal destinó un total de 22 millones 600 mil pesos como compensación por la afectación de mil hectáreas en la zona conocida como la ampliación del ejido Providencia, específicamente en el Cañón del Chilpitín. Sin embargo, solo algunos han recibido el pago, y bajo presiones.
“Nos quieren obligar a entregar la mitad del dinero para podernos pagar. Nos están diciendo que si no damos la mitad, no nos dan nada. Eso es un chantaje y una amenaza”, declaró uno de los propietarios.
Los denunciantes aseguran que el recurso no fue para el ejido Providencia como tal, sino para la zona de ampliación que varios de ellos adquirieron legalmente. “Nosotros compramos ese terreno, lo pagamos con nuestro dinero, no fue un regalo del gobierno. Por eso no tienen por qué negarnos el derecho al pago que corresponde”, expresaron.
Los señalados como responsables de retener o condicionar el pago son miembros del comisariado ejidal de Providencia, encabezado por Rosa Álvarez Flores (presidenta), Rosalinda Bielmas (secretaria) y Reginaldo Cruz Contreras (tesorero), así como integrantes de la autodenominada “mesa negociadora”, entre ellos Asunción Flores Pérez, Eleazar Cruz Contreras y Mario Sánchez Cruz.
“Están repartiendo el dinero entre sus familiares, y nos quieren dejar fuera. A los que no aceptamos entregar la mitad del pago, nos quieren correr del terreno. Dicen que nuestro título de propiedad no sirve, cuando fue emitido legalmente por la Secretaría”, agregó otro afectado.
Algunos ejidatarios que accedieron al chantaje ya entregaron la mitad de su dinero, aunque ahora se arrepienten. “Esto no es trabajar, es robar. No podemos seguir permitiendo que se repartan el dinero ajeno”, sostuvieron.
Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades estatales o federales sobre el conflicto, aunque los denunciantes señalan que están reuniendo pruebas para formalizar la denuncia ante las instancias correspondientes.
El conflicto pone en evidencia posibles actos de corrupción y abuso de poder dentro de los órganos ejidales, y deja en incertidumbre a más de 30 familias que exigen el pago íntegro y justo del recurso que les corresponde.
