La Presidenta de México precisó que los trabajos son ejecutados por la CFE con recursos públicos, sin participación económica de IP, ni el dueño de la mina
Alonso Crisante
LA PRENSA
SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el rescate de los cuerpos atrapados en la mina de Pasta de Conchos es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, tanto en la operación como en el financiamiento. Con ello, desmintió versiones que atribuían participación económica al empresario Germán Larrea y al Grupo México.
La mandataria detalló que los trabajos están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instancia que ha contratado empresas especializadas en minería subterránea para realizar las labores técnicas de excavación, exploración y búsqueda. Enfatizó que no se escatimarán recursos hasta encontrar a todos los trabajadores que quedaron sepultados en el siniestro ocurrido en 2006.
“Son recursos federales, la obra está a cargo de CFE, que a su vez contrata a especialistas en este tipo de minas, que son quienes han estado haciendo este trabajo. Se sigue financiando con recursos públicos hasta que no se encuentre al último minero”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Durante el encuentro con medios, una asistente recordó que la ex secretaria del Trabajo, María Alcalde, había estimado una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos. Ante esto, se solicitó a la Presidencia que en algún momento se dé a conocer un desglose detallado del ejercicio presupuestal destinado al rescate, como parte del compromiso de transparencia y justicia.
Sheinbaum también señaló que el proyecto no solo tiene un componente operativo, sino que representa una obligación moral y social del Estado mexicano. Destacó que la financiación proviene de los recursos públicos y que forma parte de un esfuerzo de justicia largamente postergado, en el que participan todas y todos los ciudadanos a través de sus contribuciones.
La presidenta reiteró que el proyecto forma parte del Plan de Justicia y Dignidad impulsado por el gobierno federal, el cual contempla además el resarcimiento integral a las familias y la entrega de apoyos directos, que se han mantenido desde el inicio del plan.
