Rubén Moreira Valdez
Eran los días de la Inglaterra católica; gobernaba Enrique II, que con afanes absolutistas reñía con el Vaticano. A su lado, Tomás Becket, quien se desempeñaba como lord canciller y, a decir de los chismes, era su compañero de parrandas.
Al quedar vacante el arzobispado de Canterbury, y para ganar la partida al pontífice, el monarca colocó en el cargo a su joven canciller. Sin embargo, el fandanguero político metido a religioso cambió de manera radical, e incluso repartió su fortuna. Peor aún, se alió con el jefe de la iglesia romana.
En México, de manera silenciosa, pero sin pausa, avanza la supresión de las libertades. En el sexenio anterior se instaló desde el régimen el ánimo de confrontar a quienes opinan de manera diferente o indagan las prácticas del poder.
López Obrador, dueño de una voz mesiánica y potente, puso el ejemplo de cómo tratar a los opositores. Presionó a periodistas y dueños de medios de comunicación y para doblar su voluntad usó desde los datos personales hasta las descalificaciones. Basta decir que 35 líderes de opinión fueron separados de sus programas televisivos o de radio.
Un desesperado Enrique II, cansado de las opiniones de Becket, lanzó al aire y frente a varios de sus “gatos” la pregunta “¿no habrá nadie capaz de librarme de este cura turbulento?”. De manera bastante estúpida y muy propia de los “quedabien”, cuatro caballeros lo asesinaron y ocasionaron una gran conmoción en toda la cristiandad. Las cosas llegaron a mayores cuando el difunto fue canonizado. El rey, para no perder la corona, tuvo que arrepentirse y hacer penitencia ante la tumba de aquel santo que llegó a los altares impulsado por una frase que, lanzada al aire de manera irresponsable, causó su homicidio.
A la actitud de odio de López Obrador hacia opositores y comunicadores, ahora se suma una iniciativa de ley de telecomunicaciones con un alto contenido de normas que permiten la censura y represión. Para instrumentar la política de control, se dispuso crear una dependencia con tintes de “Santo Oficio” que tendrá facultades para desconectar y anular desde radiodifusoras hasta plataformas digitales, incluyendo a las televisoras. El titular de esa área tendrá potestad sobre correos, telégrafos y todo tipo de información personal, como registros de llamadas telefónicas e información biométrica.
Para colmo y en medio de la construcción de un Estado autoritario, agentes menores del régimen emprenden sus propias persecuciones. Ejemplos hay varios: el gobernador de Puebla con una ley medieval que castiga hasta los malos pensamientos, la de Campeche que, con un talante porfirista, lleva a la cárcel a los periodistas. Por otra parte, los tribunales electorales se han convertido en aparatos que reproducen las prácticas de la Inquisición.
El espíritu de los “ñgatos” de Enrique II se pasea por las entidades y las mentes de segundones que quieren agradar al poder.
