Abogados discuten si el centro viola las leyes ambientales
Miami — Una jueza federal ordenó suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades de Florida y apodado “Alcatraz de los caimanes”, al tiempo que los abogados discuten si viola las leyes ambientales.
La instalación puede continuar operando y albergando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero se prohibirá a los trabajadores agregar cualquier nuevo relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días. La jueza federal de distrito Kathleen Williams emitió el fallo durante una audiencia y dijo que emitirá una orden por escrito más tarde el jueves.
Grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee han solicitado a Williams que emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional. La demanda afirma que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.
Los demandantes presentaron testigos el miércoles y jueves en apoyo de la orden judicial, y los abogados del estado y del gobierno federal estaban programados para presentar la próxima semana.
Tras el testimonio del jueves, Paul Schwiep, un abogado de los grupos ambientalistas, pidió a Williams que emitiera una orden de restricción temporal que al menos impidiera cualquier nueva construcción en el sitio al tiempo que se discutía la orden judicial preliminar.
Williams preguntó al abogado de Florida, Jesse Panuccio, si el estado está de acuerdo en detener la construcción para que ella no tuviera que emitir la orden de restricción. Señaló que cualquier cosa construida en el sitio probablemente permanecerá allí de manera permanente, independientemente de cómo se decidiera finalmente el caso.
Panuccio dijo que no podía garantizar que el estado detendrá todo el trabajo.
Esto provocó una audiencia de una hora sobre la orden de restricción temporal, que estará en vigor durante las próximas dos semanas en un momento en que continúa la audiencia aún en curso sobre la orden judicial preliminar.
El centro del argumento de los demandantes es que la instalación de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los principales proyectos de construcción.
Panuccio dijo durante la audiencia que, aunque el centro de detención albergaría detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está completamente bajo el estado de Florida, lo que significa que la revisión de NEPA no se aplicará.
Schwiep dijo que el propósito de la instalación es para la aplicación de la ley de inmigración, que es exclusivamente una función federal. Dijo que la instalación no existiría si no fuera por el deseo del gobierno federal de tener una instalación para albergar detenidos.
Williams dijo el jueves que la instalación de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.
La demanda en Miami contra las autoridades federales y estatales es uno de los dos desafíos legales al centro de detención del sur de Florida, que fue construido hace más de un mes por el estado de Florida en una pista de aterrizaje aislada propiedad del condado Miami-Dade.
Una segunda demanda presentada por grupos de derechos civiles dice que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se les prohíbe reunirse con abogados, se les mantiene sin cargos y un tribunal de inmigración federal ha cancelado las audiencias de fianza. Una audiencia en ese caso está programada para el 18 de agosto.
Según la ley ambiental federal de 55 años, las agencias federales deberían haber examinado cómo la construcción del centro de detención impactaría el medio ambiente, identificado formas de minimizar el impacto y seguido otras reglas de procedimiento, como permitir comentarios públicos, según los grupos ambientalistas y la tribu .
No importa que el centro de detención que alberga a cientos de detenidos haya sido construido por el estado de Florida, ya que las agencias federales tienen autoridad sobre la inmigración, dijo la demanda.
Los abogados de las agencias federales y estatales la semana pasada pidieron a Williams que desestimara o transfiriera la solicitud de orden judicial, diciendo que la demanda se presentó en la jurisdicción incorrecta. Aunque la propiedad es propiedad del condado Miami-Dade, el distrito sur de Florida es el lugar incorrecto para la demanda, ya que el centro de detención está ubicado en el vecino condado de Collier, que está en el distrito medio del estado, dijeron.
Williams aún no había fallado sobre ese argumento.
Las demandas se estaban escuchando mientras la administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, aparentemente se preparaba para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida en el norte de Florida. Al menos se ha adjudicado un contrato para lo que se etiqueta en los registros estatales como la “Instalación de Detención del Norte”.
Por El Universal
