Ricardo Ramírez, ex juez del Órgano de Apelación de la OMC, alerta sobre los convenios entre México y EU por aranceles sin respaldo jurídico
Por Staff/Agencia Reforma
La Prensa
CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente, el Presidente de Estados Unidos decidió prorrogar por 90 días el plazo para incrementar los aranceles a México. Algunos lo han celebrado como una victoria, bajo la narrativa de que “hemos esquivado la bala” una vez más.
Sin embargo, la realidad dista de ser alentadora: México sigue enfrentando un arancel del 25% a todos los automóviles y del 50% al acero, aluminio y cobre. Tampoco conviene olvidar que la Unión Europea, Japón o Corea han logrado acuerdos con Washington que les permiten exportar automóviles con un arancel incluso menor al que pagan los autos mexicanos.
Para colmo, el Presidente estadounidense afirma que, en el marco de este nuevo entendimiento, México aceptó eliminar todas las barreras no arancelarias que afecten a los intereses comerciales de Estados Unidos.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados define un tratado como “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.
El supuesto acuerdo alcanzado no cumple con este requisito. Lamentablemente, todo apunta a que esta se ha convertido en la nueva forma de pactar compromisos internacionales, como ya se ha visto en los entendimientos alcanzados por Estados Unidos con otros países.
Estamos presenciando la era de los acuerdos de papel: documentos de adhesión, unilaterales, en los que un país plasma su “propia interpretación” del entendimiento político alcanzado, sin respaldo jurídico vinculante.
En el ámbito internacional, resulta particularmente preocupante la progresiva erosión del sistema multilateral de comercio, agravada por las recientes declaraciones del Representante Comercial de Estados Unidos, quien ha calificado a la Organización Mundial del Comercio como un sistema de reglas “inviable e insostenible” y ha afirmado que “estamos ahora presenciando la Ronda Trump”, aludiendo así, con evidente carga simbólica, a las históricas rondas de negociación del GATT y de la OMC, y sugiriendo que este estilo de negociación marcará el rumbo del nuevo orden mundial.
La imposición de aranceles diferenciados por parte de Estados Unidos no solo vulnera la cláusula de la nación más favorecida -principio fundacional del derecho comercial internacional concebido para evitar la discriminación entre países-, sino que constituye un ataque frontal a la arquitectura misma del sistema multilateral de comercio.
En el plano interno, sorprende que hasta la fecha no haya un pronunciamiento oficial sobre la ilegalidad de estas medidas, ni un intento por encauzar estas discusiones hacia una revisión en el marco del T-MEC.
Esto resulta especialmente preocupante cuando, por un lado, continúan celebrándose acuerdos por fuera de la estructura institucional del tratado y, por otro, desde Washington se hacen declaraciones que califican al T-MEC como un “acuerdo temporal”. Todo ello alimenta la inquietud de que la relación comercial con nuestro principal socio pueda terminar reducida a compromisos informales, anotados en hojas sueltas, sin el blindaje jurídico que otorga un instrumento jurídico internacional.
Particular atención merece la declaración del Presidente de Estados Unidos en el sentido de que México se comprometió “a eliminar las barreras no arancelarias”. Se trata de una afirmación amplia, ambigua y carente de precisión sobre cuáles medidas están en la mira. Es posible suponer que la referencia alude al informe sobre barreras comerciales que cada año publica la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
El informe de este año enumera obstáculos que, a juicio de Washington, dificultan la entrada de sus productos: procedimientos aduaneros, trámites para la adopción de normas oficiales mexicanas, permisos para importar dispositivos médicos, pesticidas o productos químicos agrícolas, entre otros.
Resulta paradójico que dicho documento utilice como parámetro de referencia el propio T-MEC y, en varios casos, exija el cumplimiento estricto de sus disposiciones, como en el caso del panel que Estados Unidos ganó contra México en materia de maíz genéticamente modificado. Es decir, cuando se trata de barreras que afectan las exportaciones estadounidenses, las reglas sí se tienen que aplicar.
La estrategia de México hasta ahora ha sido actuar con “cautela”: no activar los mecanismos de solución de controversias disponibles ni adoptar medidas de represalia. Sin embargo, los efectos de esta guerra comercial ya se sienten con fuerza en sectores estratégicos como el automotriz, el de autopartes y, en particular, el acerero.
Este último invirtió de forma considerable para cumplir las estrictas reglas de origen del T-MEC, solo para encontrarse ahora con un arancel del 50% que limita drásticamente su acceso al mercado estadounidense.
En el sector automotriz, la situación también es compleja: los vehículos mexicanos pagan un 25% de arancel, mientras que los procedentes de la Unión Europea, Japón o Corea pagan solo un 15%. Si bien el acuerdo prevé la posibilidad de reducir ese 25% en función del “componente estadounidense” del vehículo, no se establecieron reglas claras ni una metodología para calcularlo, dejando todo en un terreno de incertidumbre. Lo anterior sin considerar que los bienes que no cumplen con la regla del origen del T-MEC deben pagar un 25% de arancel que también es menor al pactado con otros países.
En suma, pareciera que nos encaminamos hacia una peligrosa normalización de los acuerdos de papel. Entendimientos políticos sin fuerza jurídica, frágiles por naturaleza, que dependen más de la coyuntura y de la voluntad momentánea que de un marco normativo sólido. Su proliferación erosiona la previsibilidad, diluye el valor de los tratados y deja a los sectores productivos expuestos a decisiones unilaterales y cambios abruptos.
En el comercio internacional, la certeza es un activo tan valioso como la mercancía misma; perderla significa aceptar que nuestra principal herramienta de defensa ya no son las reglas, sino la esperanza de que el papel no se rompa.
