El escándalo de robo de combustibles vuelve a cimbrar la escena nacional, al involucrar a exfuncionarios de alto nivel como Adán Augusto López y Audomaro Martínez, además de a los hijos del expresidente
Por Especial
La Prensa
CIUDAD DE MÉXICO.– El tema del huachicol vuelve a cimbrar la escena nacional, esta vez no por un operativo espectacular, sino por las propias palabras del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien al hablar de “cero impunidad” reveló que incluso dentro de la institución se han detectado mandos involucrados en redes de robo de combustibles. Su declaración encendió las alarmas y abrió de nuevo la discusión sobre lo que realmente ocurrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se prometió acabar con este delito y lo único que quedó fue un legado de simulación y complicidades.
Las cifras son demoledoras: de 2018 a 2024, el huachicol fiscal dejó pérdidas que superan los 809 mil millones de pesos, un boquete que equivale a casi un billón. Tan solo en 2024, Pemex reconoció un quebranto de más de 20 mil millones de pesos por tomas clandestinas, mientras que estimaciones privadas calculan un daño de 9,200 millones de dólares anuales. El discurso de que se había cerrado la llave quedó en entredicho; la realidad muestra que el huachicol no desapareció, sino que se transformó en un negocio mucho más sofisticado.
La lista de nombres ligados a este escándalo incomoda directamente al obradorismo. El exsecretario de Gobernación y hoy senador Adán Augusto López Hernández arrastra el señalamiento de su cercanía con Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario tabasqueño detenido en Paraguay por su presunta relación con la organización criminal “La Barredora” y acusado de secuestro, extorsión y asociación delictuosa. A su vez, el general retirado Audomaro Martínez Zapata, quien encabezó el Centro Nacional de Inteligencia y fue hombre de confianza de López Obrador, ha sido mencionado en investigaciones periodísticas como parte de una red vinculada a empresas y operaciones sospechosas en torno al huachicol fiscal.
Las miradas también alcanzan a la familia presidencial. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, ha aparecido en reportajes que lo relacionan con grupos empresariales del sector energético, beneficiados en procesos de importación y transporte de combustibles. Aunque oficialmente no existen procesos judiciales, la opacidad y las coincidencias levantan sospechas que empañan el discurso de “honestidad valiente” con el que Morena buscó diferenciarse.
Mientras tanto, la realidad dentro de la propia Marina –institución a la que se le entregó el control de puertos y aduanas como medida anticorrupción– confirma que los tentáculos del huachicol llegaron hasta sus estructuras. La frase del almirante Morales Ángeles, más que un parte de victoria, sonó a deslinde institucional frente a un legado de corrupción que se gestó en los años anteriores.
Lo que se destapa ahora es un entramado de negocios oscuros, pérdidas multimillonarias y nombres de primer nivel vinculados a la trama. Lejos de un combate frontal, lo que quedó fue un sistema que permitió que el huachicol se mantuviera vivo, disfrazado y con complicidades en las más altas esferas del poder. La consecuencia es un país que perdió miles de millones que pudieron haberse invertido en salud, educación o seguridad, y un movimiento político, Morena, que cargará con el estigma de haber hecho del huachicol no un enemigo vencido, sino un sello de corrupción que hoy lo persigue.
