Rubén Moreira Valdez
La nueva selección de juzgadores es un fracaso. Así lo confirman las múltiples evidencias que circulan en las redes y los magros resultados de la farsa electoral que los llevó a ocupar cargos que no merecían o que son incapaces de solventar con calidad. Me dijo un nuevo juez penal: “Le voy a echar ganas, estoy para aprender y solo el que no lo intenta no se equivoca.”
Para Morena la tarea destructiva no ha terminado, y ahora le tocó pasar por la picota al orgullo de la jurisprudencia mexicana: el juicio de amparo. Institución que nació en el siglo XIX, bajo el influjo liberal y la defensa de los intereses individuales, pero que, a inicios del siglo XXI, se transformó ante los nuevos horizontes que se abrieron en materia de derechos humanos y el fortalecimiento de la participación colectiva en la vida pública.
De seguir las cosas como van, muy pronto tendremos un juicio de amparo obsoleto, descafeinado y a modo del neo maximato que vivimos. En el mundo de la justicia mexicana, la reforma tiene poquísimos respaldos. Las grandes voces en la materia se pronunciaron en contra y exigieron que se votara en contra, cosa que no sucedió. En el morenismo, por otro lado, abunda el oportunismo, la ignorancia y los “quedabien”.
El tema es árido y difícil de explicar, circunstancia que aprovecha el régimen para imponer su discurso. Desde el poder se empujan argumentos falaces, donde igual se descalifica que se engaña. A falta de conocimiento, los pregoneros del régimen usan argucias para sostener la bondad de una reforma que afectará a todo un país y, en especial, a los pobres y las minorías.
En los foros de debate, los panelistas del régimen se presentan armados con una lista de adjetivos peyorativos que reparten a diestra y siniestra, así como con dos o tres ejemplos que tratan de colocar como paradigmas de la necesidad del cambio. Morena no tiene prurito en delatar que es una formación partidista que se comporta de manera regresiva y oportunista, y que nada tiene que ver con una izquierda moderna, occidental, democrática, atenta a la progresividad de los derechos humanos, transparente, promotora del bienestar colectivo y defensora del medio ambiente.
La inmensa mayoría de los legisladores que votaron a favor de la iniciativa de marras no tiene la menor idea de la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo, ni del contenido de las resoluciones internacionales sobre la prisión preventiva justificada, como tampoco del control de convencionalidad o el concepto de bloque de constitucionalidad. Eso sí, antes y después de mostrar su ciega adhesión a los dictados de Palenque, entonan los correspondientes mantras que, por su fe analfabeta o su deseo de llenar la panza, les acercan al Olimpo guinda.
