Se alinean Ministros con la 4T y analizan diversos litigios de adeudos por más de 48 mil millones en los que se prevé fallar en contra de las empresas propiedad del magnate
Por Diana Lastiri/Proceso
La Prensa
CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir diversos litigios que Grupo Salinas ha planteado contra los créditos fiscales que tiene pendientes y en sus propuestas, los ministros podrían propinar un golpe a las empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego de más de 48 mil millones de pesos.
De acuerdo con las listas de la Corte, los ministros analizarán el próximo 13 de noviembre diversos recursos de reclamación, amparos directos en revisión e impedimentos en los que las propuestas implican el pago de créditos fiscales y multas que han sido reclamadas por el gobierno federal desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ascienden a un monto total aproximado de 48 mil 326 millones 817 mil 913.8 pesos al fisco.
En uno de los proyectos de resolución el ministro Irving Espinosa Betanzos planteará abandonar el criterio establecido por la extinta Segunda Sala de la Corte en el que Lenia Batres Guadarrama fue declarada impedida para intervenir en los litigios de Salinas Pliego por la publicación de diversos comentarios en la red social Twitter, hoy X, que fueron considerados por los ahora ministros en retiro como una manifestación expresa de enemistad con el empresario.
Se trata del impedimento 33/2024 planteado en el amparo directo en revisión 6321/2024 en contra de los ministros Yasmín Esquivel, Lenia Batres y el ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán.
En este caso, Grupo Elektra impugnó el crédito fiscal por 33 mil 306 millones 306 mil 476 mil 349 pesos, uno de los de mayor monto que tiene la empresa; el amparo le fue negado por un Tribunal Colegiado, pero impugnó mediante un recurso de revisión que, al llegar a la Corte, fue turnado a Pérez Dayán para ser discutido en la extinta Segunda Sala integrada anteriormente por Batres y Esquivel.
En el impedimento, el ministro Espinosa Betanzo prevé declarar sin materia el caso con relación a Pérez Dayán porque ya salió de la Corte, desestima los argumentos de Elektra para afirmar que la ministra Esquivel Mossa tiene conflicto de interés por ser afín al gobierno federal y, en el caso de Batres, prácticamente revoca el criterio de la extinta Segunda Sala.
“Las expresiones atribuidas a la Ministra Batres Guadarrama son anteriores no solo al inicio de sus funciones como Ministra de la Suprema Corte, sino también al momento en que el asunto fue del conocimiento de este Tribunal Constitucional. En consecuencia, no existe elemento objetivo que permita vincular dichas manifestaciones con el ejercicio de su función jurisdiccional ni con la tramitación del presente juicio de amparo”, señala el proyecto público.
“Es claro para esta Suprema Corte que los jueces y juezas — como cualquier otra persona— gozan del derecho a la libertad de expresión; es cierto que esa libertad debe ser sopesada con el deber de mesura una vez que se ejerce la función jurisdiccional, pero no sería razonable aplicar ese estándar hacia actos del pasado. Extender el ámbito temporal del deber de mesura implicaría restringir de manera desproporcionada la libertad de pensamiento y de expresión de quienes, antes de su nombramiento, participaban en la vida pública como ciudadanas y ciudadanos”.
Asimismo, propondrá multar a Grupo Elektra con 70 Unidades de Medida de Actualización, equivalentes actualmente a 7 mil 919.8 pesos, por considerar que con tantos impedimentos, recursos de reclamación y ampliaciones, Grupo Elektra tuvo intención de prolongar los casos para obstaculizar el dictado de las resoluciones de la Corte.
“La parte promovente intentó en repetidas ocasiones suspender el procedimiento con motivo de la presentación de nuevos recursos, solicitud que fue negada en más de una ocasión al no estar prevista en la Ley de Amparo. Este comportamiento evidencia una intención manifiesta de prolongar artificialmente el trámite del juicio y de obstaculizar el ejercicio regular de la función jurisdiccional”, propondrá el ministro Espinosa.
Después, el ministro Arístides Guerrero García presentará el proyecto del recurso de reclamación 544/2024 en el que la Secretaría de Hacienda impugnó la decisión de la Corte de admitir el amparo directo en revisión 6321/2024 en el que propondrá declarar que el caso no cumple con los requisitos establecidos por la ley para que sea revisado por el Máximo Tribunal, por lo que debe ser desechado.
“Si bien subiste un tema de constitucionalidad, lo cierto es que carece de excepcionalidad debido a que en el recurso de revisión no se argumentó, ni se aprecia que el Tribunal Colegiado de Circuito se hubiere apartado de los precedentes mediante los que se resuelven los aspectos de constitucionalidad planteados”, señala el documento.
En consecuencia, si el proyecto es aprobado, la Corte confirmaría la obligación de Elektra de pagar el crédito fiscal por más de 33 mil millones de pesos relativo al ejercicio 2023.
Después, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentará un proyecto de resolución del impedimento planteado por Grupo Elektra contra Batres y Pérez Dayán para que no puedan participar en la discusión de otro recurso de reclamación planteado dentro del amparo directo en revisión 5654/2024 en el que está en juego un crédito fiscal por mil 431 millones 466 mil 606 pesos.
Es decir, Elektra buscaba hacer a un lado a ambos ministros en la discusión de un recurso de reclamación en el que ni siquiera quedaría resuelto si debía o no pagar el crédito fiscal.
Por ello, en su proyecto, Aguilar Ortiz planteará aplicar la recién aprobada reforma a la Ley de Amparo para declarar que los impedimentos contra ministros sólo proceden para que no puedan conocer del fondo de los asuntos y no sobre cuestiones accesorias.
De este modo, el caso que Elektra mantuvo trabado en la Corte desde el año 2024 podrá ser discutido definitivamente pues en la misma sesión la ministra Esquivel Mossa presentará su proyecto de resolución en el que planteará desechar el amparo directo en revisión y, con ello, confirmar la obligación del pago del crédito fiscal de más de mil millones de pesos correspondiente al ejercicio 2008.
