Rubén Moreira Valdez
Sin decir “agua va”, el régimen se apresura a votar una reforma constitucional más. La que se discutirá en los próximos días no es cosmética, tampoco se trata de una tomada de pelo con tintes demagógicos, como varias de las que impulsó el anterior presidente. El disparate llega a la Cámara de Diputados bajo la firma de un prominente legislador, tiene consecuencias inmediatas para el sistema político mexicano y puede generar secuelas para las próximas décadas.
Suena “lindo” eso de poner de patitas en la calle a los malos funcionarios por la vía de revocarles el mandato que el pueblo les otorgó en las urnas. Sin embargo, esa institución arribó al derecho nacional con otros motivos y objetivos. La impulsó López Obrador como mecanismo de control y autopromoción.
Explico lo segundo: la jornada donde se vota una revocación no es automática, requiere de una parte de la población que la solicite y la vote. Resulta que el tabasqueño se la auto pidió y la utilizó para ejercitar a sus huestes en 2022 y, de paso, interferir en los procesos locales de ese año. Vimos a un sinfín de funcionarios federales ocupados en llevar a gente a votar. Hay una gran cantidad de evidencias sobre el “acarreo” y el condicionamiento del voto.
La actual legislación señala que el ejercicio de revocación debe, en su caso, realizarse al año siguiente de los comicios federales intermedios. Hay que recordar que hace 6 años los votos necesarios para que se aprobara la reforma que introducía esta institución en la Constitución se lograron cuando los senadores de la oposición obligaron a la no coincidencia con los comicios regulares.
La iniciativa ya cuenta con proyecto de dictamen y, de no suceder otra cosa, tal vez se habrá votado en la Comisión de Puntos Constitucionales al momento de ser publicada esta columna.
Esta reforma tiene como objetivo juntar la votación de la posible revocación de mandato de la presidenta de la República con los comicios de diputados federales, los que, por cierto, son concurrentes con los de 17 gubernaturas, diputados locales, cientos de ayuntamientos e integrantes de los poderes judiciales de la Federación y los estados.
Hasta el jueves pasado no existía el tema; de hecho, por el país anda circulando el fantasma de una comisión presidencial que prepara un proyecto de reforma electoral a presentarse en febrero del próximo año y con la cual se le quiere dar el tiro de gracia a la joven democracia mexicana.
El texto de la iniciativa se circuló en un día inusual, de manera casi clandestina y antes de publicarse en la Gaceta Oficial la convocatoria a la sesión de la comisión.
Sin la intención de buscar acuerdos y menos de responder a una necesidad democrática del país, en menos de 15 días se debe concluir el trámite legislativo que en otros momentos y en otras naciones, desataría un gran debate y muchas explicaciones.
Además, la reforma irrumpe en un momento delicado para el gobierno federal y su partido, cuando la crisis en materia de seguridad destruye el discurso triunfalista de buenos resultados.
El motivo de la reforma, dice el promovente, es ahorrar dinero, algo bastante falso y poco sostenible en el debate. Para cualquiera con dos dedos de frente salta a la vista la verdadera intención: meter a la contienda de 2027 la figura presidencial y, con ella, a todo su equipo.
La razón de tal decisión tiene varias hipótesis: 1. El temor del régimen a perder la mayoría en las elecciones intermedias de congresistas y las gubernaturas que tiene en sus manos; 2. Los ajustes de cuentas dentro de su propio bando y la posibilidad de ser rehén de una revocación el 2028; y 3. Un petardazo para distraer a una opinión pública molesta ante la situación complicada que atraviesa el país.
Así las cosas, en un México convulso y que no crece.
