Madres en búsqueda del colectivo Solecito denunciaron que en los denominados pueblos mágicos no permiten que se coloquen carteles con los rostros de los desaparecidos en zonas visibles y los mandan a la periferia porque “se ven mal”.
Los casos más recientes fueron en Orizaba y Coatepec, en donde les impidieron que pusieran los rostros de sus desaparecidos en zonas que podrían ser accesibles para los miles de visitantes que llegan a la zona. Consideran que estos casos ya son tan visibles que “no se puede seguir tapando el sol con un dedo”.
Blanca Ríos, esposa del comandante de Tránsito Luis Adrián Pineda Medina, víctima de desaparición forzada hace 12 años, lamentó la insensibilidad de quienes administran las municipalidades y que consideran que el hacer visibles a los desaparecidos da “mala imagen” a un pueblo.
«Sólo queremos encontrar a nuestros seres queridos”, dijo.
EL DATO
Las brigadas de los colectivos realizan recorridos en diferentes regiones del estado de Veracruz, colocan carteles, visitan los centros penitenciarios.
La denuncia del Colectivo Solecito sobre la restricción para colocar carteles con los rostros de personas desaparecidas en zonas turísticas de Orizaba y Coatepec, ambos catalogados como Pueblos Mágicos, revela una tensión entre la promoción turística y la visibilización de la crisis de desapariciones forzadas en Veracruz.
De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta noviembre de 2025, en el estado gobernado por Rocío Nahle se han registrado más de 6 mil 500 personas desaparecidas, siendo una de las entidades con mayor número de casos en México.
Organizaciones como el Colectivo Solecito de Veracruz han documentado y localizado más de 300 fosas clandestinas desde 2016, principalmente en zonas como Colinas de Santa Fe (Veracruz puerto), considerada una de las mayores fosas clandestinas de América Latina. Estas acciones han sido clave para recuperar restos humanos e identificar personas desaparecidas, frente a la inacción o complicidad de autoridades en diversos niveles de gobierno.
El señalamiento de que los carteles “dan mala imagen” se enmarca en una práctica frecuente en zonas turísticas del país, donde se prioriza la estética urbana para preservar el flujo turístico, a menudo en detrimento del derecho a la verdad y la memoria. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada establece que las autoridades están obligadas a facilitar mecanismos de difusión que apoyen la búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluyendo espacios públicos.
Veracruz fue declarado en alerta por desaparición de personas desde 2017, lo que obliga a las autoridades municipales y estatales a colaborar activamente con colectivos de búsqueda. Negar espacios visibles para la difusión de rostros de personas desaparecidas puede considerarse una omisión de esa responsabilidad legal.
Además, según datos de la CNB, las brigadas de búsqueda ciudadana como las del Colectivo Solecito son responsables del hallazgo del 60% de los cuerpos recuperados en fosas clandestinas, ante la limitada participación institucional.
Este contexto evidencia la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los familiares de desaparecidos y las acciones locales que buscan relegar esta problemática fuera del espacio público.
Por EXCELSIOR
