La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la minuta del Senado en materia de extorsión, que eleva hasta 42 años de prisión la sanción por este delito
Agencia Reforma
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la minuta del Senado en materia de extorsión, que eleva hasta 42 años de prisión la sanción por este delito.
Los legisladores avalaron la reforma por unanimidad, con 450 votos, luego de que el miércoles pasado, el Senado modificó lo que la Cámara de Diputados había aprobado el 28 de octubre pasado.
Los cambios no sólo incrementan las penas por los delitos de extorsión, sino que revierten la reserva presentada de último momento por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, para reducir la pena para las autoridades que no denuncien el delito de extorsión, con lo que el proyecto regresó a su redacción original, que establece una pena de entre 10 y 20 años de cárcel.
La reforma señala que para el delito de extorsión la pena será de entre 15 y 25 años y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA y de 19 a 33 años cuando este ilícito se cometa contra comerciantes, empresarios, industriales, agricultores, ganaderos, pesqueros o quien preste servicios públicos y privados.
Asimismo, como cuando un sindicato, agrupación o asociación coaccione a una persona para que adquiera de otra insumos o servicios o cuando se comete en contra de un candidato o una persona electa.
Cuando se cometa contra personas migrantes, menores de 18 años, mujeres embarazadas, mayores de 60 años de edad, el sujeto activo tenga una relación de confianza, laboral, parentesco o negocios, se use información privada de la víctima o de sus familiares o medios de transmisión de imágenes, voz y datos, la pena aumentará de 20 a 37 años.
Además, indica que la pena pasaría de 22 a 42 años de prisión cuando se emplee violencia física, en casos de montachoques, cuando intervenga una o más personas armadas y se tenga por objeto anular o impedir el derecho a la libertad de expresión o cuando se cometa por servidores públicos de cualquier nivel de Gobierno o por miembros de empresa de seguridad privada.
