Rubén Moreira subrayó que la discusión de la Ley de Aguas exigía responsabilidad, inclusión y estricto apego a los mandatos constitucionales y judiciales.
Las y los diputados federales del PRI votaron en contra del dictamen en materia de agua, porque Morena traiciona, miente y destruye al mantener en el artículo 22 de la Ley General de Aguas, la disposición para que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no sean objeto de transmisión.
Además, el coordinador parlamentario Rubén Moreira Valdez sostuvo que la propuesta es inconstitucional pues carece de la consulta a pueblos originarios, centraliza el control del recurso del vital líquido y castiga a los productores del campo, a quienes Morena les negó ingresar al Pleno de la Cámara de Diputados para escuchar sus demandas, por lo que presentó una moción suspensiva.
A nombre de su bancada, el legislador insistió suspender la discusión hubiera sido bueno, así como escuchar a quienes estuvieron afuera del Palacio de San Lázaro manifestándose, desahogar la consulta, puntualizar lo que decían o digan los pueblos originarios por cada uno de los artículos, escuchar a los productores y a las grandes organizaciones nacionales.
El líder congresista reconoció el trabajo de las y los diputados de su fracción por la organización de ocho foros estatales donde participaron más de ocho mil productores, especialistas y ciudadanos, lo que permitió recoger opiniones y preocupaciones reales sobre el impacto de la nueva legislación.
En ese sentido, Humberto Ambriz Delgadillo afirmó que en la Comisión de Recursos Hidráulicos se realizaron reuniones a puerta cerrada en las que productores fueron excluidos, sin que se nombrara una comisión para escucharlos.
Por su parte, el diputado Luis Gerardo Sánchez señaló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reconocido 58 mil irregularidades en su propio padrón. “El organismo no puede vigilar ni medir lo que no le alcanza, compañeros, con 350 inspectores para más de 550 mil concesiones no le alcanza para supervisar”, enfatizó.
Los representantes del PRI añadieron que el Artículo 37 Bis 1, eje del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, abre la puerta a que volúmenes de agua pasen al control exclusivo del Estado sin transparencia, y que el Artículo 37 Bis 2 dispone reasignaciones que terminarán quitando agua a los productores, mientras que en la Ciudad de México se pierde “hasta el 40 por ciento del agua por fugas sin que se atienda ese problema estructural”.
Por lo anterior, aseguraron que no se oponen a legislar en materia hídrica, pero sí a hacerlo sin estudios sólidos ni certeza jurídica. Alertaron que la reforma podría derivar en criminalización, confusión normativa y nuevos incentivos para la extorsión, especialmente porque la Conagua no cuenta con el personal suficiente para supervisar el cumplimiento de los nuevos lineamientos.
Durante más de 24 horas de debate, los integrantes de la bancada del PRI subieron a la Tribuna para defender con firmeza los derechos de los campesinos, productores y de las comunidades originarias que nuevamente quedaron al margen de las decisiones que afectan directamente sus territorios y sus recursos por no consultarlos, con un gobierno morenista que centraliza el poder y busca fiscalizar.
