Rosario Robles
Pertenezco a una generación que heredó el derecho de las mujeres a votar, pero no a ser votadas, aun cuando estaba consignado en nuestra Constitución. Apenas en el mediodía del siglo veinte nuestras abuelas conquistaron el derecho a elegir a sus gobernantes. Un paso histórico en la lucha por la igualdad. Sin embargo, el espacio público seguía ocupado fundamentalmente por hombres. Muy pocas mujeres habían tenido la posibilidad de ser gobernadoras o legisladoras. Se dieron batallas campales para que al interior de los partidos y después en la legislación electoral se estableciera la obligatoriedad de postular de cada tres lugares por lo menos a una mujer. El pacto patriarcal predominante empezaba a resquebrajarse porque la lucha provenía de feministas que desde la sociedad civil o las instancias partidarias empujaban para abrir espacios, subvirtiendo así ese pacto. Esa era la característica de esta contienda. Su carácter disruptivo al trastocar las bases sobre las cuales estaba construido el poder político en México. En 2014 se logró la paridad gracias a la iniciativa enviada por EPN al Congreso que elevó a rango constitucional ese principio. Fue largo el camino, pero valió la pena. La imagen de la política ya no era solo masculina y eso significaba un gran avance. Sin embargo, como lo diría Amelia Valcárcel al acceder al poder, hay que ejercer la investidura completa. Y la representación paritaria no ha logrado todavía que esto suceda. En pocas palabras, como diría Marta Lamas, cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género. Hay paridad, pero no es sustantiva. No lo es porque una Cámara de Diputados con 251 mujeres no logró el desafuero de un diputado acusado de abuso sexual. Porque aun con esta presencia femenina se han recortado recursos en salud, desaparecido políticas de cuidado y retrocedido en derechos básicos. Todo ello en gran medida avalado por las mujeres de la coalición oficialista. Porque muchas de ellas son producto de su complicidad y alianza con el pacto patriarcal. Por eso están ahí. Lo que nos indica que no basta con su presencia, se requieren mujeres con compromiso de género para avanzar en nuestros derechos.
Más grave es que se quiera utilizar esta lucha y este principio para apuntalar el poder de los hombres que hoy gobiernan algunas entidades. De usarla para fortalecer dinastías familiares y consolidar un nepotismo inaceptable. Ya bastante tuvimos con la simulación derivada de las llamadas “juanitas”, que eran mujeres que renunciaban al llegar a los espacios para que sus suplentes hombres tomaran su lugar. Hubo que corregir esta estratagema en la ley, obligando a que, si era mujer candidata, la suplente tuviera que ser del mismo sexo. Ahora hay que enfrentar un nuevo disimulo. La intención de algunos gobernadores de heredarle el poder a sus esposas. No se estaría en esta situación si el oficialismo hubiera aceptado legislar la propuesta presidencial para evitar el nepotismo en los cargos públicos desde las elecciones del 2027. Pero no lo quisieron hacer a sabiendas de que vendrían iniciativas de este tipo, por lo menos en San Luis Potosí y Nuevo León, que dicho sea de paso son anticonstitucionales. Lo más importante: estamos ante una prueba en la que los partidos demostrarán si su única ambición es el poder o están del lado de la verdadera igualdad. Al tiempo.
