Se fortalecen en Coahuila políticas en el combate a este delito, forma parte de las primeras entidades del país en unificar su ley
Por: Jesús Medina
La Prensa
SALTILLO, COAHUILA.- El Congreso del Estado aprobó reformas el Código Penal de Coahuila y a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante las cuales no solo se da cumplimiento a la armonización de la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, sino que además Coahuila se convierte en el primer estado en aprobar una reforma de alcance más amplio, creando una Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión e implementando políticas que fortalecen el marco jurídico e institucional para la prevención, investigación y combate del delito de extorsión, garantizando mayor protección de los derechos humanos y una continuidad al blindaje de seguridad en el estado.
“Hoy la extorsión es uno de los delitos que más laceran a la sociedad mexicana. Años atrás, se manifestaba en prácticas aisladas, pero, con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en un mecanismo sistemático de control territorial y financiamiento del crimen organizado” señala el dictamen derivado de la iniciativa suscrita por el gobernador del estado, Ing. Manolo Jiménez Salinas.
En ese contexto, a nivel federal fue emitida la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual prevé un marco jurídico integral y contempla mecanismos de atención a víctimas, ofendidos y testigos, por ello tipifica la extorsión de manera integral, fortalece las capacidades de investigación y sanción y garantiza mecanismos de protección y reparación a las víctimas.
Las entidades federativas tienen la obligación de armonizar su legislación local con el nuevo ordenamiento nacional. De ahí que, en cumplimiento de esta disposición, la iniciativa planteada por el ejecutivo propone las reformas necesarias para su cumplimiento, fortaleciendo el marco jurídico y las capacidades institucionales para enfrentar este delito.
“Con ello, impulsamos un modelo integral que garantice la coordinación entre órdenes de gobierno, la eficacia en la prevención y persecución del delito y la protección del patrimonio y la tranquilidad de las familias coahuilenses. Así, la reforma es un paso más para blindar nuestro estado contra la delincuencia” señala el dictamen aprobado.
Entre las dispersiones aprobadas, se crea la Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrita al Centro Estatal de Atención de Emergencias y Contacto Ciudadano. Por otro lado, en cuanto al delito de extorsión, al adoptar un tipo penal uniforme a nivel nacional se fortalece la certeza jurídica, se evitan interpretaciones dispares entre entidades federativas y se facilita la actuación coordinada de las autoridades de investigación y persecución del delito.
Asimismo, resulta relevante destacar que la iniciativa no se limita a una adecuación formal del marco penal, sino que incorpora un enfoque integral de política pública al fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en materia de prevención, atención y combate al delito de extorsión. La creación de una Unidad especializada para la atención de denuncias, así como la incorporación de herramientas tecnológicas y mecanismos de georreferenciación, constituye una medida razonable y proporcional para enfrentar un delito caracterizado por su alta cifra oculta y por la utilización de medios tecnológicos para su comisión.
