Tras denuncias contra Tania Flores por abuso, extorsiones y contra la libre expresión
Encuentra juez elementos en su contra para tomar esta decisión, mientras que ciudadanos del Pueblo Mágico exhiben el calvario que padecieron durante su administración, marcada por daño al comercio, a la ganadería y la venganza contra quienes se atrevieron a criticar su gestión
Por: Karla Cortez
La Prensa
Tras la vinculación a proceso y los múltiples señalamientos públicos en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, comerciantes, periodistas y ciudadanos han comenzado a hacer públicos sus testimonios sobre lo que califican como una etapa de extorsión, abuso de poder y persecución política que habría marcado negativamente la economía local durante su administración.
De acuerdo con los testimonios recabados, durante el periodo en que Flores Guerra encabezó el Ayuntamiento, se habría instaurado un clima de hostigamiento sistemático contra comerciantes establecidos, quienes aseguran, fueron objeto de presiones económicas, amenazas y represalias administrativas.
Uno de los casos señalados es el del comerciante Enrique Falcón, quien afirmó que fue víctima de venganzas personales por parte de la entonces alcaldesa, luego de diferencias públicas y privadas. Según su testimonio, Flores Guerra habría utilizado el poder municipal para fines personales, ordenando el cierre de su negocio mediante el uso de inspecciones, permisos y otras herramientas administrativas.
De acuerdo con su denuncia, posteriormente se instauró un esquema de presunta extorsión generalizada, en el que comerciantes eran obligados a entregar materiales, recursos o apoyos bajo amenaza de retirarles permisos municipales de operación, clausurar negocios o impedirles trabajar.
“Después de eso siguieron otros comerciantes”, señaló, al advertir que las presiones no fueron un hecho aislado, sino una práctica que —asegura— se extendió a diversos giros comerciales del municipio.
MÚZQUIZ, CENSURADO Y SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Golpes, amenazas de muerte, familias intimidadas y periodistas obligados a callar o abandonar el municipio. Así describen comunicadores locales el clima que se vivió en Múzquiz durante la administración de la exalcaldesa Tania Flores Guerra, a quien señalan como responsable de una presunta política de represión contra la libertad de expresión.
Testimonios públicos, audios difundidos y denuncias formales revelan lo que periodistas independientes califican como una etapa de persecución sistemática, en la que ejercer el periodismo crítico implicaba riesgo físico, amenazas directas y represalias contra familiares.
Uno de los testimonios que mayor impacto ha generado es el contenido en un audio atribuido a la madre del periodista conocido como “El Conejo”, actualmente privado de la libertad. En la grabación, la mujer relata con angustia cómo su hijo fue arrastrado, golpeado y violentado, presuntamente por su labor informativa y por incomodar al poder municipal.
El audio, que circuló entre periodistas y ciudadanos, fue descrito por integrantes del gremio como una de las evidencias más crudas del nivel de abuso que se ejercía contra quienes cuestionaban a la entonces alcaldesa. El caso de “El Conejo” se convirtió en un símbolo del miedo que, aseguran, se impuso en Múzquiz.
A este caso se suma el del periodista independiente Juan Martín Leiva Torres, conocido como “Juancho Leiva”, quien denunció haber sido víctima de agresiones físicas, amenazas de muerte e intentos de silenciar su trabajo periodístico.
Leiva Torres declaró que en 2022 fue mandado a golpear, ataque en el que también resultó lesionado un menor de 16 años. Posteriormente, afirmó que en 2023 las amenazas escalaron a un nivel extremo, al grado de que sicarios habrían sido enviados para asesinarlo, hechos que —aseguró— quedaron asentados en un expediente identificado como 0841/2023.
El comunicador relató que logró sobrevivir a un ataque armado de manera fortuita y que, tras esos hechos, le fueron robados sus teléfonos celulares, los cuales contenían información relacionada con su labor periodística y con presuntas irregularidades del gobierno municipal. Señaló que el objetivo era callarlo y eliminar información.
“Nos querían callar por decir la verdad”, afirmó Leiva Torres, quien también mencionó a otros comunicadores afectados, entre ellos Polo Guajardo y Alejandro Mendoza, a quienes atribuyó años de hostigamiento, censura y presión constante.
Los denunciantes sostienen que durante la administración de Flores Guerra se instauró un ambiente de miedo, donde cuestionar al poder municipal significaba exponerse a violencia, persecución o al silenciamiento forzado.
Hasta el momento, Tania Flores Guerra no ha emitido una postura pública respecto a estos señalamientos. Los comunicadores reiteraron su exigencia de justicia, esclarecimiento de los hechos y garantías reales para el ejercicio de la libertad de expresión, advirtiendo que lo ocurrido no debe quedar en el olvido.
