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sábado 9 de mayo de 2026

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Cierran las oficinas de la Procuraduría Agraria

Cierran las oficinas de la Procuraduría Agraria

Tras más de 30 años de operación continua; luego de que un recorte presupuestal federal impidiera incluso el pago de la renta del inmueble ubicado sobre la avenida Altamirano en Sabinas

Karla Cortez

LA PRENSA

La actividad agraria en la región carbonífera entró en un punto crítico tras confirmarse la suspensión de trámites federales y el cierre físico de oficinas que durante décadas atendieron a ejidatarios de Sabinas y municipios aledaños. A partir de enero de 2026, los productores enfrentarán un periodo de incertidumbre administrativa que impacta directamente en la regularización de tierras, sucesiones, certificaciones y certeza jurídica del patrimonio ejidal.

El Registro Agrario Nacional dejará de operar durante todo el mes de enero en el país, una medida atribuida al cambio de domicilio de sus oficinas, lo que implica la cancelación total de recepción de documentos y la congelación de plazos y términos legales relacionados con trámites agrarios. Esta pausa obligatoria frena procesos en curso y deja en espera a cientos de ejidatarios que dependen de resoluciones oficiales para dar continuidad a asuntos legales y productivos.

De manera paralela, las oficinas de la Procuraduría Agraria del distrito de Sabinas cerraron sus puertas tras más de 30 años de operación continua, luego de que un recorte presupuestal federal impidiera incluso el pago de la renta del inmueble ubicado sobre la avenida Altamirano. El cierre dejó pasillos vacíos, expedientes acumulados y un vacío operativo que no ha sido cubierto con una sede alterna definida.

Leonel Gómez Camacho, comisariado ejidal de La Cuchilla e integrante del comité de la Unión de Ejidos Agropecuarios “General Melchor Múzquiz”, informó que esta situación tomó por sorpresa a los núcleos agrarios de la región, al dejar sin atención directa a campesinos que realizan gestiones fundamentales para la regularización de tierras y la protección legal de su patrimonio.

Explicó que la suspensión del RAN y el cierre de la Procuraduría Agraria representan un doble golpe para el sector ejidal, ya que ambos organismos son piezas clave en la atención, asesoría y validación de trámites. A ello se suma la desaparición de programas federales de apoyo al campo, como Progan y Procampo, lo que ha debilitado de forma sostenida la estructura institucional que respaldaba a los productores.

Durante un recorrido por lo que fue la sede de la Procuraduría Agraria en Sabinas, quedó en evidencia el abandono del inmueble y la incertidumbre sobre el destino de archivos que datan desde 1997, documentos que reflejan décadas de trámites, resoluciones y gestiones realizadas por ejidatarios de la Cuenca Carbonífera.

Ante la falta de una solución inmediata, personal de la Procuraduría Agraria analiza alternativas para continuar brindando atención, entre ellas la búsqueda de espacios en oficinas del gobierno estatal. No obstante, el propio Gómez Camacho reconoció que el proceso es complejo y que, por ahora, no existe una sede oficial confirmada.

Como medida emergente, se anunció que los salones ejidales de distintas comunidades serán habilitados como Módulos de Atención Agraria, donde se brindará orientación y seguimiento a los trámites una vez que se normalicen las actividades del RAN. Esta estrategia implicará costos adicionales para los ejidos, como la instalación de internet y adecuación de espacios, pero se considera necesaria para no dejar desprotegidos a los campesinos.

Gómez Camacho exhortó a los ejidatarios de La Cuchilla y a los integrantes de la Unión de Ejidos “General Melchor Múzquiz” a mantenerse informados y acudir directamente con las autoridades ejidales para resolver dudas y recibir orientación durante este periodo de transición.

Mientras tanto, la suspensión nacional del Registro Agrario Nacional permanecerá vigente durante enero y se prevé que sus servicios se reactiven hasta febrero de 2026. Hasta entonces, el sector ejidal de la región carbonífera permanece en espera de definiciones claras que permitan restablecer la atención institucional y garantizar la continuidad de los procesos legales que sostienen la vida agraria de la zona.

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