Exhortan a las víctimas de la unidad 219 de la ruta urbana 7A a interponer denuncia formal
Liz de la Fuente
LA PRENSA
A pesar de la magnitud del accidente registrado la mañana del martes 30 de diciembre en el Centro de Saltillo, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de las personas que resultaron lesionadas tras el impacto de una unidad del transporte público con el tren.
El incidente ocurrió cuando el conductor de la unidad 219 de la ruta urbana 7A intentó ganar el paso en el cruce ferroviario ubicado en la intersección de las calles Lerdo de Tejada y Fernando Proal, en los límites del primer cuadro de la ciudad. La maniobra derivó en que el camión fuera embestido, lo que provocó daños severos en la unidad y dejó un saldo de al menos 10 personas heridas, entre ellas el propio chofer, identificado como Julio “N”.
Tras el siniestro, los lesionados fueron trasladados para su valoración médica a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo. De acuerdo con el primer parte emitido por las autoridades, al menos uno de los pasajeros requería intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el choque.
El conductor fue detenido en el lugar por elementos policiacos y puesto a disposición del Ministerio Público por los daños ocasionados y la presunta negligencia en la conducción. Además, el Ayuntamiento de Saltillo determinó retirarlo de su cargo mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente. La Fiscalía precisó que el chofer permanecerá a disposición de la autoridad mientras continúa la integración de la carpeta de investigación.
En este contexto, la Fiscalía General del Estado abrió formalmente una carpeta de investigación derivada de la detención en flagrancia del conductor. Así lo confirmó Julio Loera, delegado regional de la FGE, quien explicó que el agente del Ministerio Público asignado al caso es el responsable de recabar las denuncias correspondientes, así como los datos de prueba necesarios para definir la situación jurídica del imputado.
Entre los elementos que se buscan integrar al expediente se encuentran los dictámenes médicos de cada una de las personas lesionadas, los cuales permitirán establecer el tipo y la gravedad de las lesiones. El funcionario subrayó que cada afectado debe ser valorado de manera individual, ya que únicamente mediante el dictamen médico es posible clasificar legalmente el daño sufrido y determinar las posibles responsabilidades penales.
Loera hizo un llamado directo a las víctimas y a sus familiares para que acudan a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia correspondiente. Explicó que, sin este paso, la autoridad se encuentra limitada para avanzar con precisión en el proceso, aun cuando el conductor haya sido detenido y exista una investigación en curso.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Coahuila, el delito de lesiones contempla sanciones distintas dependiendo del impacto en la salud de la víctima. Entre los factores que se consideran se encuentran el tiempo de sanación, el riesgo para la vida, la pérdida de funciones, miembros u órganos, así como la posible existencia de secuelas permanentes. La legislación también prevé agravantes que pueden incrementar las penas cuando las lesiones se clasifican como graves o ponen en peligro la vida.
