El caso de la legisladora de BC Alejandra Ang se suma a una cadena de incidentes que involucra a miembros de Morena en la frontera norte
Por Iris Velázquez/Agencia Reforma
La Prensa
CD. DE MÉXICO.- En la frontera norte, la diputada local de Baja California (BC), Alejandra María Ang Hernández, fue retenida por autoridades estadounidenses al intentar ingresar a California con 800 mil pesos en efectivo no declarados.
La legisladora que preside la Comisión de Fiscalización del Gasto Público en el Congreso estatal fue retenida la tarde del lunes 5 de enero en la garita de Calexico.
La legisladora morenista conducía una camioneta GMC Yukon blanca de modelo reciente cuando fue enviada a una inspección minuciosa.
Durante la revisión, los agentes federales descubrieron un aproximado de 800 mil pesos mexicanos (equivalentes a cerca de 40 mil dólares). El hallazgo resultó sospechoso para las autoridades debido a la forma en que el efectivo estaba distribuido: el dinero fue localizado en dos secciones distintas de la camioneta, una parte en la zona frontal y otra en la parte trasera, lo que inicialmente fue interpretado como un intento de ocultamiento, de acuerdo con lo descrito por Semanario Zeta.
Tras el hallazgo, Ang Hernández fue trasladada a las oficinas administrativas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para ser sometida a un interrogatorio. La legisladora permaneció retenida por un espacio de cinco horas, desde las 16:00 hasta las 21:00 horas, mientras se evaluaba su situación jurídica, de acuerdo con el mismo medio.
Bajo las leyes federales de Estados Unidos, cualquier persona que ingrese al país con más de 10 mil dólares en efectivo o su equivalente en moneda extranjera está obligada por ley a declararlo. El no hacerlo puede derivar en el decomiso total de los activos, multas y, en algunos casos, la revocación de la visa de turista.
«Un olvido personal»
Ante la polémica generada, la diputada emitió un comunicado donde intentó matizar lo ocurrido. En su mensaje a la opinión pública, calificó el incidente como un «error» personal y aseguró que el dinero es de origen lícito, producto de ahorros conjuntos con su esposo, César Castro (actual presidente del Consejo Político de Morena en el estado), y de la venta de un vehículo.
«Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguarde en mi casa (el) dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo», expuso.
«Quiero ser absolutamente clara: Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad», agregó.
Ang Hernández fue enfática al señalar que, a diferencia de otros casos recientes, su visa no fue revocada.
«Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad», afirmó.
Este suceso no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista creciente de funcionarios de Morena en Baja California que han enfrentado fricciones con el Gobierno de Estados Unidos. Apenas en diciembre pasado, el diputado Jaime Eduardo Cantón fue retenido en el aeropuerto de Los Ángeles. Tras el escándalo generado, señaló que la visa estaba próxima a vencer y que simplemente no realizó el trámite de renovación.
En diciembre, José Luis Dagnino López, el Edil morenista de San Felipe, Baja California, fue notificado de la revocación de su visa de turista por agentes norteamericanos mientras intentaba ingresar a Estados Unidos en el cruce fronterizo hacia Calexico, California.
La lista de personajes ligados a la administración local que han tenido problemas en la frontera o investigaciones abiertas incluye a la Gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena); su exesposo, Carlos Torres Torres; el esposo de la Presidenta Municipal de Mexicali, Luis Samuel Guerrero Delgado; y la exalcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.
Se suman además funcionarios de otras entidades, como el caso de los alcaldes sonorenses César Iván Sandoval Gámez (San Luis Río Colorado), Juan Gim (Nogales) y Óscar Castro (Puerto Peñasco).
Por ahora, la diputada tiene un plazo de un mes para comprobar ante las autoridades de Estados Unidos que los 800 mil pesos provienen de actividades legítimas.
Mientras tanto, la dirigencia estatal de su partido y de la administración estatal no se han pronunciado, dejando a la legisladora la responsabilidad de limpiar su imagen ante una ciudadanía que cuestiona la coherencia entre el discurso de austeridad y el transporte de grandes sumas de efectivo en compartimentos divididos.
