El conflicto radicado en los juzgados de la Región Laguna, expone presuntas maniobras jurídicas empleadas por un abogado para incumplir con la manutención de su descendiente, alegando al menos en un “papel” que es mujer, para eludir delitos de género.
Por Oscar Ballesteros
LA PRENSA
REGIÓN LAGUNA.- Un complejo entramado lehgal que se ha extendido por casi cuatro años mantiene en incertidumbre a Gloria Valentina Méndez Arámbula, psicóloga y madre de una niña de cuatro años, quien denunció ser víctima de una estrategia sistemática de violencia jurídica e institucional presuntamente ejercida por su ex pareja, el abogado Cristian “N”, así como por un segundo agresor identificado como Édgar Alan.
De acuerdo con el testimonio de Gloria Valentina, la separación de quien fue su pareja derivó en una serie de denuncias, procedimientos y actuaciones judiciales que —sostiene— se han concatenado con el uso de vacíos normativos, decisiones discrecionales y omisiones de autoridades, generando una cadena de afectaciones personales, familiares y laborales.
La denunciante afirma que Montenegro llegó incluso a cambiar legalmente su identidad de sexo, con el propósito de solicitar “perspectiva de género” en procesos judiciales, buscando revertir fallos desfavorables y evadir el pago de pensión alimentaria. Según su versión, esta maniobra fue aceptada en los hechos por la autoridad jurisdiccional que la vinculó a proceso por la presunta sustracción de menores, sin que se realizara una investigación previa, pese a que el propio señalado habría negado públicamente la filiación de la niña.
El escenario judicial no solo se trasladó a tribunales. Gloria Valentina laboraba como psicóloga en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Durango, pero fue despedida tras una serie de presiones y requerimientos administrativos que, asegura, fueron impulsados por su agresor mediante solicitudes de información y procedimientos internos que la dejaron en una situación de aislamiento institucional.
Los antecedentes de la relación refieren un historial de violencia psicológica, económica y física que se habría intensificado durante el embarazo y los primeros años de vida de la menor. La afectada describe episodios de amenazas, agresiones verbales, conductas de riesgo y abandono, así como constantes celos y situaciones que ponían en tensión su estabilidad emocional y profesional. Refiere también que descubrió intentos de contacto de su ex pareja con sus propios pacientes, ya sea con fines sexuales o para dañar su reputación.
La historia personal comprende una línea temporal que inicia con el primer contacto en 2017, el noviazgo en 2019, el concubinato a partir de febrero de 2020 y el embarazo detectado en 2021, periodo en el que —relata— los episodios de violencia se agravaron. Posteriormente, en agosto de 2023, inició una nueva relación con Édgar Alan, a quien denunció por violencia familiar y lesiones seis meses después, bajo la causa penal 071/2024.
Lo que siguió, afirma, profundizó su sensación de indefensión. Ambos hombres habrían actuado en contubernio, llegando a presentarse juntos en audiencias judiciales y difundiendo imágenes en redes sociales mientras ella se recuperaba de agresiones físicas. La víctima asegura que esta conducta tuvo el objetivo de polivictimizarla, reforzar denuncias en su contra y ejercer presión emocional y legal.
Las repercusiones no se limitan a expedientes. Gloria Valentina sostiene que enfrenta un desgaste emocional severo, afectaciones profesionales y una lucha permanente por garantizar la protección y estabilidad de su hija. Su propósito, afirma, no solo radica en defender su caso, sino en visibilizar un patrón de instrumentalización de la ley que, de normalizarse, podría sentar un precedente adverso para mujeres y niñas en contextos de violencia.
