Desde la reforma electoral, la relación con EU, la persistencia del narco que opera con impunidad, la fuga de inversionistas y hasta la inexperiencia del Poder Judicial son riesgos que politizarán más al País, advierte la Consultora Integralia
Por Erika Hernández/Agencia Reforma
La Prensa
CD. DE MÉXICO.- Desde la reforma electoral, la relación con Estados Unidos, la fuga de inversionistas hasta la inexperiencia del Poder Judicial son riesgos que politizarán más al País, advierte la Consultora Integralia.
Esto, afirma en su análisis para el 2026, se agrava por la concentración del poder que tiene la 4T, como jamás en la historia política de México.
“Esto favorece la toma de decisiones arbitrarias, la aprobación de leyes riesgosas para el entorno de negocios y reduce los canales para la defensa jurídica y la interlocución política para las empresas”, explica.
El principal riesgo será la reforma electoral que, acusa, vulnerará la integridad del sistema electoral y su capacidad para organizar contiendas equitativas, confiables, legales y transparentes, al disminuir las facultades operativas de los órganos electorales y restringir la competencia política, lo que afianza la concentración de poder del oficialismo.
En segundo lugar está la revisión del T-MEC que podría terminar en una renegociación, en la que México se vería obligado a realizar concesiones en temas de seguridad, barreras no arancelarias, contenido regional y contención a China, en inversión y comercio.
“Lo que ocasiona incertidumbre para los inversionistas, así como desafíos logísticos y de costos de operación para las empresas mexicanas”, apunta.
También prevén que se prolongue la debilidad de la inversión, como resultado de la incertidumbre generada con la implementación de reformas que han sido aprobadas por la 4T, como es la judicial, sobre órganos autónomos, Ley de Amparo, aduanas o de aguas.
Además porque el Gobierno ha enviado señales contradictorias, en particular en sectores clave como energía, telecomunicaciones e infraestructura.
“El aumento del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina (incluido México) produce tensiones diplomáticas, reacciones nacionalistas o consecuencias no previstas. Por ejemplo, conflictos políticos internos o malentendidos. Elevando el riesgo político a nivel hemisférico.
“La conflictividad social aumenta, lo que ocasiona disrupciones en carreteras, retrasos logísticos y otros impactos para el clima de negocios, riesgos que se intensifican en el marco de la Copa Mundial de futbol, que distintos grupos aprovechan para visibilizar sus demandas”, asegura.
También visualizan que crecerán las tensiones en la relación entre el Gobierno y el sector empresarial, como consecuencia de la frustración gubernamental por los limitados resultados del Plan México y por el bajo crecimiento económico.
Un punto delicado, asegura, es que se confirmara la politización, la falta de experiencia y el afán del nuevo Poder Judicial de mostrar una justicia “cercana a la gente” en su primer año.
“Esto ocasionará fallas procedimentales, retrasos en los tribunales y sentencias con poco sustento jurídico, afectando a empresas específicas y al clima de negocios en general.
“Se mantienen los regímenes criminales en diversas zonas del país, como resultado de la impunidad para romper las redes de corrupción y los vínculos de funcionarios y políticos con el crimen organizado, así como por la proximidad del proceso electoral de 2027”, abunda.
También preocupa la aprobación de nuevas reformas, las cuales incluyen temas fiscales, laborales y sectoriales, lo que genera incertidumbre para las empresas y dificulta el crecimiento económico del País.
“Se acentúa el deterioro operativo de Pemex, por insuficiencia de inversión pública, reducida inversión privada, caída adicional de la producción, apuesta por la refinación y elevada deuda con proveedores, lo que obliga al gobierno federal a elevar el apoyo financiero a la empresa del Estado y a ampliar su compromiso más allá de 2026”, añade.
