La acción deriva de demandas como respeto a los autogobiernos, que se deje de criminalizar la defensa de sus manantiales, la falta de efectividad en materia de seguridad, incumplimientos por parte del INPI y la liberación de una defensora ambiental
Por Patricia Monreal/Proceso
La Prensa
MORELIA, MICH. – En defensa del autogobierno y de sus recursos naturales, y exigiendo atención de las autoridades estatales y federales para la solución de las problemáticas que enfrentan, comunidades indígenas se movilizaron este martes para bloquear seis carreteras en Michoacán.
La acción es articulada por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que integran 80 comunidades p’urhépechas, otomís, nahuas, matlatzincas y afromexicanas.
Los bloqueos carreteros son en las vías Cherán-Uruapan en la porción comprendida en el municipio de Paracho; Morelia-Lázaro Cárdenas, en el municipio de Taretan; Pátzcuaro-Salvador Escalante, en la comunidad Santa Clara del Cobre; Morelia-Zacapu, en Santa Fe de la Laguna; y el Ramal Camelinas, en el municipio de Morelia.
La medida parte del acuerdo tomado por la Asamblea General de Autoridades Tradicionales que integran el Consejo, es, entre otros para exigir a los ayuntamientos de los municipios de Salvador Escalante y Quiroga, respeto a los autogobiernos de las comunidades de Opopeo y El Calvario, que buscan acceder a su presupuesto directo.
Las demandas incluyen también la exigencia a la Comisión Nacional del Agua, para dejar “de criminalizar” a la comunidad matlatzinca de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, por la defensa de sus manantiales frente a particulares “que lucran con el agua”, por lo que demandan a Conagua cumplir con los acuerdos firmados sobre el manantial Cienfuegos con la comunidad de Rancho Seco.
Las comunidades que integran el Consejo piden al Gobierno Federal dejar de simular en materia de justicia, pues argumentan que ninguno de los planes de paz en Michoacán, han brindado seguridad, paz o justicia para los pueblos originarios, “tenemos más de 70 autoridades y comuneros asesinados o desaparecidos por defender a las comunidades y en todos los casos hay una total impunidad”.
Denuncian además que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha incumplido con los acuerdos de obra y proyectos para las comunidades de Michoacán, lo mismo que la Secretaría del Bienestar federal “que dejó fuera el año pasado y el presente, a 335 comunidades del programa la ‘Cínica es Nuestra’ para Unidades Médicas Rurales”.
Además, ponen énfasis en el caso de la defensora de los bosques de la comunidad de Ocumicho, municipio de Charapan, María Cruz Paz Zamora, detenida el cinco de junio de 2024 por la Fiscalía General del Estado (FGE), que la acusa de haber participado cinco meses antes, en la desaparición de los comuneros de Santa Cruz Tanaco, del municipio de Cherán, Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos, pese a que ella se encontraba en otro lugar, atendiendo a su hermano que estaba hospitalizado. La exigencia es por su liberación.
