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martes 13 de enero de 2026

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Mantiene INAH investigación por robo y saqueo arqueológico

Mantiene INAH investigación por robo y saqueo arqueológico

El delegado en Coahuila no descartó que detrás de estos hechos exista una red organizada dedicada al comercio ilegal, incluso con posibles vínculos fuera del país

Liz de la Fuente

LA PRENSA

En Coahuila, la riqueza paleontológica y arqueológica que durante décadas ha colocado al estado en el mapa nacional e internacional de la investigación científica enfrenta hoy un riesgo constante: el saqueo y la comercialización ilegal de piezas con valor histórico incalculable. Así lo advirtió el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Francisco Aguilar Moreno, al confirmar que desde 2023 se han iniciado al menos tres denuncias penales por delitos contra el patrimonio cultural, dos de las cuales continúan abiertas y bajo investigación federal.

El funcionario explicó que el atractivo económico que representan fósiles, piezas arqueológicas y manifestaciones de arte rupestre ha detonado prácticas ilícitas, muchas de ellas a través de redes sociales, donde los objetos se ofrecen sin considerar que su venta constituye un delito grave. Uno de los casos documentados ocurrió en la Región Lagunera, donde una persona comercializaba piezas por internet; al ser informada de la ilegalidad de sus acciones, devolvió voluntariamente los objetos, lo que permitió cerrar la carpeta correspondiente. Sin embargo, no todos los procesos han tenido el mismo desenlace.

Actualmente, una de las investigaciones más delicadas se centra en un robo registrado hace aproximadamente un año en Cuatro Ciénegas, donde se sustrajo arte rupestre de una cueva conocida como La Pinta. Otra denuncia de mayor alcance se relaciona con la venta ilegal de patrimonio cultural en municipios de la Zona Centro y del Desierto, como San Buenaventura, Ocampo y Nadadores, donde se detectó la oferta de fósiles y piezas arqueológicas mediante plataformas digitales.

Aguilar Moreno señaló que en estos casos se trabaja de manera coordinada con autoridades federales y culturales para determinar el origen de las piezas, ya sea en terrenos privados o en ranchos inscritos en el Registro Público de Sitios y Monumentos. Aclaró que, aun cuando un objeto se localice en propiedad privada, su valor histórico lo convierte en patrimonio de la nación, por lo que no puede ser vendido ni extraído sin autorización.

El delegado no descartó que detrás de estos hechos exista una red organizada dedicada al saqueo, incluso con posibles vínculos fuera del país. Recordó que recientemente se documentó en Texas un caso similar al de Cuatro Ciénegas, donde una pintura rupestre fue cortada con herramienta mecánica para ser retirada del sitio. “No es algo aislado ni fortuito; la experiencia indica que muchos de estos robos son por encargo”, señaló, al advertir que algunas hipótesis apuntan a la participación de personas extranjeras, aunque las investigaciones siguen en curso.

Respecto a los daños en la Cueva de la Pinta, Aguilar Moreno informó que el sitio será restaurado y consolidado, además de que ya se hizo efectivo el seguro de bienes nacionales. No obstante, reconoció que las piezas sustraídas no pueden ser reemplazadas, lo que representa una pérdida irreversible. En paralelo, el INAH detectó la venta de puntas de flecha, sandalias y materiales pétreos, ofrecidos tanto a precios irrisorios como a montos elevados, lo que refuerza la hipótesis de un mercado clandestino activo.

El marco legal vigente contempla sanciones severas. La legislación, actualizada a partir de una ley de 1972, establece penas de entre tres y diez años de prisión para quienes roben, dañen o comercialicen patrimonio cultural, sin posibilidad de libertad bajo fianza, ya que estos delitos se persiguen de oficio. Aguilar Moreno subrayó que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad y que incluso la venta de una pieza aparentemente menor, como una punta de flecha de 300 pesos, puede derivar en un proceso penal.

Como parte de las acciones preventivas, el INAH mantiene activa la campaña federal “El patrimonio no se vende”, con la cual se han logrado rastrear actividades ilícitas y concientizar a la población sobre la importancia de preservar la historia colectiva.

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