La madre de dos hijos de 10 y 13 años señala que durante su matrimonio fue víctima de agresiones físicas y psicológicas de su ex pareja, quien con los años agregó violencia vicaria
Por Wendy Riojas
LA PRENSA
Una madre de familia denunció ser víctima de violencia vicaria, violencia de género e institucional, tras más de cinco años de litigio en materia familiar y penal, en un caso que—asegura—derivó en la separación forzada de sus dos hijos menores de edad y en múltiples irregularidades por parte de las autoridades.
Cristian Yareli Herrera Hipólito, madre de dos niños de 13 y 10 años, relató que la violencia comenzó durante su matrimonio, cuando fue víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su entonces pareja, algunas de ellas ocurridas frente a sus hijos.
Tras una denuncia anónima ante PRONIFF, se iniciaron procedimientos legales y terapias familiares, al confirmarse que los menores también resultaron afectados emocionalmente al presenciar los episodios de violencia.
De acuerdo con su testimonio, en un primer momento un juez especializado en violencia familiar y penal le otorgó la guardia y custodia de los menores, así como pensión alimenticia y medidas de restricción contra el agresor.
Sin embargo, tras una breve reconciliación, en 2022 volvió a ser golpeada, lo que dio origen a una nueva denuncia y, finalmente, al divorcio.
Fue después de la separación cuando —señala— comenzó la violencia vicaria, una forma de agresión que consiste en dañar a la mujer a través de sus hijas e hijos. “Empezaron a hablarles mal de mí, a decirles que yo era una borracha, que no los quería, a sembrar odio para que me perdieran el respeto”, narró.
Incluso, afirmó que los menores llegaron a amenazarla con denunciarla si no accedía a ciertas exigencias.
Indicó que su expareja utilizó los procesos legales como un mecanismo de presión para obligarla a conciliar y suspender un procedimiento penal sin reparación del daño. Posteriormente, durante las convivencias derivadas de la custodia compartida, continuó —según su versión— la manipulación de los niños.
Incluso en 2024, los menores la denunciaron por presuntos actos de violencia, situación que ella atribuye directamente a la influencia y manipulación ejercida por el padre.
No obstante, dictámenes emitidos dentro del juicio familiar concluyeron que existían conductas de manipulación por parte del progenitor, colocándolos en un conflicto de lealtades.
En dichos estudios psicológicos también se recomendó que el hombre fuera sometido a una valoración psiquiátrica, al detectarse violencia de género y descalificaciones constantes hacia la madre.
PONE DENUNCIA VICARIA EN MAYO DEL 2025
Pese a estos hallazgos, la denunciante señaló la desaparición de pruebas, omisión de dictámenes relevantes y retrasos injustificados en el seguimiento de su denuncia por violencia vicaria, presentada en mayo de 2025.
La audiencia inicial se celebró hasta enero de 2026, sin embargo, actualmente, los menores se encuentran bajo el cuidado del padre, aun cuando existe una vinculación a proceso en su contra.
Herrera Hipólito aseguró que lleva más de siete meses sin ver a sus hijos y que se le impuso una medida cautelar que le impide acercarse a ellos. “Es un desgaste emocional, económico y psicológico. Te dejan muerta en vida”, expresó.
La afectada también denunció violencia institucional, al enfrentar constantes trabas administrativas, suspensión de audiencias y falta de acceso a información clave de su expediente. “La violencia vicaria casi siempre viene acompañada de violencia institucional, porque el sistema también se convierte en una herramienta de control”, sostuvo.
De acuerdo con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados en marzo de 2023 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia vicaria se define como toda acción u omisión cometida contra una mujer por parte de quien tenga o haya tenido una relación de pareja, con el objetivo de causarle daño a través de sus hijas e hijos.
Herrera Hipólito consideró que la tipificación de esta violencia en el Código Penal representa un avance importante, aunque advirtió que, en la práctica, muchas mujeres continúan enfrentando obstáculos para que se reconozca y sancione este delito. “Es la única forma que tienen de seguir ejerciendo control cuando ya no pueden acercarse a ti”, concluyó.
