También es señalado por nexos con el CJNG
La legendaria empresa que acusó al edil de Tequila de extorsión
Por Staff/El Universal
La Prensa
JALISCO.- El presidente municipal de Tequila, Diego Rivera, había sido denunciado de extorsión por la empresa Tequila Cuervo, a la que el funcionario ordenó clausurar, bajo el argumento de adeudos millonarios de predial.
Por este motivo fue que la tequilera presentó una denuncia por extorsión contra el alcalde.
En su momento, Tequila Cuervo informó que la autoridad municipal pretendía cobrar 60 millones de pesos de predial, a lo cual se negaron.
El pasado 6 de diciembre el municipio informó, en un comunicado, de un operativo en la Fábrica 1800 por presuntas irregularidades; mencionaron que la empresa operaba sin licencia municipal, no había pagado contribuciones y eludía contribuciones fiscales.
De acuerdo con la autoridad, se hicieron llamados a la tequilera para que regularizara su situación, pero eso no sucedió, por lo que procedieron a actuar.
Tras la clausura de la fábrica, se realizó un encuentro entre funcionarios municipales y empresarios de Cuervo, con la mediación del gobierno del estado, donde supuestamente se llegaron a acuerdos.
Sin embargo, la tequilera presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco en contra del alcalde y otros funcionarios, por el delito de extorsión.
Se sabe que otras empresas de la región también presentaron denuncias contra las autoridades municipales por motivos similares.
Otros conflictos legales del edil
Otro conflicto que marcó la gestión del alcalde Diego Rivera Navarro, quien tomó posesión en octubre de 2024, fue lo que sucedió con el edificio del Museo Nacional del Tequila, el cual fue cerrado por el gobierno municipal.
Medios locales informaron que el cierre se debió a que el alcalde realizó modificaciones y utilizó el lugar como residencia privada.
Por este motivo, en junio de 2025, elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Guardia Nacional, aseguraron el inmueble.
Posteriormente se informó que el gobierno municipal había realizado modificaciones al recinto sin autorización del INAH, puesto que se trata de un edificio de finales del siglo XIX.
Ante esto, la Secretaría de Gobernación requirió un informe de lo sucedido al alcalde Diego Rivera.
