Aunque máquina verificadora no funciona
El Alcalde de Nueva Rosita, en franca acción recaudatoria, ordena que todos los automóviles pasen a revisión mecánica
María Rodríguez
LA PRENSA
NUEVA ROSITA, COAHUILA.– En medio de cuestionamientos ciudadanos, el alcalde de Nueva Rosita, Óscar Ríos Ramírez, giró instrucciones para iniciar la aplicación de infracciones a los automovilistas que no cuenten con el engomado de revisión mecánica, aun cuando la máquina verificadora presenta fallas y, según denuncias, no se encuentra en funcionamiento.
La medida fue confirmada por Luis Rodríguez, encargado del módulo de verificación vehicular, quien informó que el engomado tiene actualmente un costo de 230 pesos. Sin embargo, la disposición ha generado inconformidad entre conductores, quienes señalan que el proceso carece de sustento técnico, ya que el equipo destinado a realizar las revisiones mecánicas no opera de manera regular.
De acuerdo con versiones recabadas, la máquina verificadora “solo está para la foto”, pues rara vez es utilizada, lo que pone en duda la legalidad y transparencia del procedimiento. Ciudadanos cuestionan cómo se puede emitir un engomado de revisión mecánica si no existe una verificación real del estado del vehículo.
Para muchos habitantes de San Juan de Sabinas, esta acción se percibe más como una estrategia recaudatoria que como una política pública orientada a mejorar la seguridad vial o reducir emisiones contaminantes. “Si no están revisando nada, ¿qué estamos pagando?”, expresó un automovilista inconforme.
Especialistas en temas administrativos señalan que cualquier programa de verificación debe garantizar procesos claros, equipo funcional y criterios técnicos verificables, de lo contrario podría vulnerar derechos de los contribuyentes y abrir la puerta a posibles irregularidades.
Hasta el momento, la administración municipal no ha informado públicamente sobre el estado técnico de la maquinaria ni ha presentado evidencia que demuestre que las revisiones se realizan conforme a estándares establecidos.
Mientras tanto, la orden de aplicar multas ya está en marcha, lo que ha encendido el debate en Nueva Rosita sobre la transparencia en el uso de recursos y la legitimidad de un programa que, lejos de generar confianza, hoy provoca sospechas y malestar entre la ciudadanía.
