Rubén Moreira Valdez
Es un secreto a voces: muchos municipios son afectados por el fenómeno delictivo que identificamos como crimen organizado. Hay alcaldes que son operadores de los “delincuentes”, otros son víctimas de su poder y quedan sometidos en contra de su voluntad; y no son pocos los que solo son omisos y callan ante lo que sucede en sus territorios. He sabido de alcaldes asesinados por enfrentar al crimen y de otros que son parte de las bandas delictivas.
La realidad en los municipios es muy diversa; los hay con un gran presupuesto, muchos habitantes y una abundante actividad económica, pero también con las condiciones contrarias y en severas dificultades de sobrevivencia financiera. Los primeros no tienen pretexto para tener policías eficientes, bien pagadas, con equipo adecuado y aptas para enfrentar al crimen.
Una de las noticias de la semana anterior fue la detención del alcalde de Tequila, Jalisco. Un personaje nada discreto que fue postulado por Morena y que desató varios escándalos mayúsculos. En las hipótesis del primer párrafo pueden acomodarse ediles y funcionarios municipales de todos los partidos. En esa entidad abundan las historias donde candidatas o candidatos a las alcaldías son presionados para que se retiren de las contiendas y con ello favorecer a los consentidos de los criminales.
No solo los criminales tratan de controlar los territorios. Ahora el presupuesto municipal es un objetivo. Los delincuentes se apoderan de miles de millones de pesos del erario público; lo hacen por la buena o por la mala. Un edil dijo: “No puedo comprar ni un trapeador; los malos deciden todo… Le pido a Dios que ya termine esto”.
El gobierno federal cambió de manera radical la postura frente al crimen; de la omisión se pasó al combate directo y evidente. Mientras eso sucede, los morenistas del bloque duro tratan de justificar el famoso mantra: “abrazos y no balazos”, que guio la omisión de la pasada administración en materia de seguridad. La nueva estrategia se topa con varias desventajas, entre ellas, la falta de presupuesto y la poca colaboración de muchos gobernadores.
Soy de los que piensan que para, lograr el éxito en la lucha contra el crimen, los Ejecutivos estatales deben participar de manera activa en la lucha contra los criminales. En las instancias locales es donde se concentra la mayor información de calidad. Es difícil pensar que los gobernadores no tengan conocimiento de lo que sucede en su territorio. Su omisión es complicidad y causa la pérdida de muchas vidas.
Hasta ahora se han detenido 35 alcaldes en los últimos meses. Sin embargo, hay algunas consideraciones: 1) las bandas delictivas deben ser sometidas para que regresen las verdaderas contiendas electorales; 2) se deben resolver los crímenes cometidos en el pasado contra ediles. No pocos de ellos se opusieron a los delincuentes y murieron por tal osadía”.
