Habitantes denuncian baches, falta de agua potable, problemas de seguridad y multas excesivas, mientras cuestionan la compra masiva de lámparas LED y el incumplimiento de promesas de campaña
MARÍA RODRÍGUEZ
LA PRENSA
NUEVA ROSITA, COAHUILA.- En los últimos días, las redes sociales del municipio se han convertido en un muro de denuncias ciudadanas contra el alcalde Oscar Ríos Ramírez. Vecinos, comerciantes y automovilistas han alzado la voz ante lo que describen como un abandono progresivo de los servicios básicos y una administración más enfocada en la imagen que en las necesidades reales de la población.
Las quejas son reiteradas y coinciden en los mismos puntos: calles plagadas de baches que dañan vehículos y ponen en riesgo a peatones; colonias enteras con fallas constantes en el suministro de agua potable; un incremento en la percepción de inseguridad; y una política de multas que muchos ciudadanos califican como excesiva y recaudatoria.
“Solo queremos que cumpla y que nos dé mejores vialidades, que no falte el agua, cosas que son básicas”, se lee en decenas de comentarios publicados en distintas plataformas digitales. El reclamo no es aislado. Se trata de una narrativa constante que refleja frustración ante promesas de campaña que, según los propios habitantes, siguen sin materializarse.
Uno de los temas que más ha generado controversia es la adquisición masiva de lámparas LED. Mientras el gobierno municipal destaca la modernización del alumbrado público como un avance en eficiencia energética, ciudadanos cuestionan la prioridad del gasto cuando persisten problemas estructurales sin resolver. En redes, incluso se ha señalado “sospechosamente” la compra de cientos de luminarias en contraste con la falta de inversión visible en pavimentación, infraestructura hidráulica y programas de seguridad.
La crítica social va más allá del enojo momentáneo. Apunta a una exigencia clara de rendición de cuentas y de reorientación del presupuesto hacia servicios esenciales. Para muchos habitantes, el alumbrado puede ser importante, pero no sustituye el derecho a transitar por calles seguras, abrir la llave y tener agua, o vivir sin temor a la delincuencia.
El descontento digital podría convertirse en un termómetro político relevante si la administración municipal no responde con transparencia, resultados y diálogo abierto. En tiempos donde las redes sociales amplifican la voz ciudadana, ignorar el malestar colectivo no es una opción.
La ciudadanía ha hablado. Ahora la responsabilidad recae en el alcalde y su equipo: escuchar, corregir y cumplir.
