La administración dijo que la restricción era históricamente similar a las leyes del siglo XIX que permitían a las autoridades desarmar temporalmente a los “alcohólicos habituales”
Por STAFF / LATINUS
La Prensa
La Corte Suprema de Estados Unidos se dispone a examinar este lunes una petición del gobierno del presidente Donald Trump para defender una ley que prohíbe a los consumidores de dr*gas ilegales poseer arm*s, en otra prueba del derecho a “poseer y portar arm*s” establecido en la Segunda Enmienda de la Constitución.
El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) ha apelado la decisión de un tribunal inferior de desestimar, basándose en la Segunda Enmienda, una acusación de posesión ilegal de arm*s contra Ali Hemani, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y pakistaní y residente en Texas, quien dijo a las autoridades que era consumidor habitual de marih*ana.
La restricción sobre las arm*s en cuestión condujo a la condena en 2024 de Hunter Biden, quien más tarde ese mismo año recibió el indulto de su padre, el entonces presidente Joe Biden. Los fiscales habían acusado al hijo del expresidente de mentir sobre su consumo de narcóticos en 2018 cuando compró una pistola Colt Cobra.
Hemani fue acusado en 2023, tras una redada del FBI en la casa que compartía con sus padres en el condado de Denton, en la que los agentes encontraron una pistola Glock de nueve milímetros, marih*ana y coc*ína. Hemani dijo que consumía marih*ana aproximadamente cada dos días, aunque las autoridades no lo acusaron de estar intoxicado en el momento del registro.
El DOJ dijo en los documentos judiciales que las acciones de Hemani habían llamado la atención del FBI, citando su viaje a Irán y la asistencia de su hermano a una universidad iraní. Sin embargo, la acusación de Hemani sólo contenía un único cargo, en virtud de una ley federal de 1968 denominada Ley de Control de Arm*s, que prohíbe la posesión de arm*s de fuego a cualquier persona que “sea usuaria ilegal o adicta a cualquier sustancia controlada”.
Las dr*gas ilegales se agrupan por niveles, conocidos como “listas”, en virtud de otra ley denominada Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos.
La marihuana figura como sustancia de la Lista I junto con la heroína, el éxtasis y el peyote, lo que implica que tiene un alto potencial de abuso y ningún valor médico, aunque Trump firmó en diciembre una orden ejecutiva en la que instruía a su fiscal general a avanzar rápidamente en la reclasificación de la planta.
Hemani solicitó que se desestimara el cargo, argumentando que violaba sus derechos recogidos en la Segunda Enmienda.
También citó la estricta prueba que estableció la Corte Suprema en una decisión de 2022, que exige que las leyes sobre arm*s de fuego sean “coherentes con la tradición histórica de la nación en materia de regulación de armas de fuego” para ajustarse a la Segunda Enmienda.
El Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos, en Nueva Orleans, desestimó en enero el cargo de posesión ilegal de pistolas, dictaminando que “no hay justificación histórica para desarmar a un ciudadano sobrio que no se encuentre actualmente bajo una influencia que le incapacite”.
El gobierno de Trump apeló ante la Corte Suprema, instando a los jueces a adoptar una norma que permitiera presentar cargos por posesión ilegal de armas contra los “consumidores habituales” de dr*gas no reguladas. La administración dijo que la restricción era históricamente similar a las leyes del siglo XIX que permitían a las autoridades desarmar temporalmente a los “alcohólicos habituales”.
Los abogados de Hemani, que cuenta con el respaldo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, argumentaron en los documentos judiciales que los consumidores habituales de marihuana no eran similares a los “alcohólicos habituales” de dichas leyes. También argumentaron que la referencia indefinida de la ley a un “consumidor ilegal” es inconstitucionalmente vaga, lo que deja a los tribunales inferiores “intentando determinar cuán frecuente, prolongado y sustancial debe ser el consumo”.
En un país profundamente dividido sobre cómo abordar la persistente violencia con armas de fuego, incluidos los frecuentes tiroteos masivos, la Corte Suprema ha adoptado a menudo una visión amplia de las protecciones de la Segunda Enmienda, incluso en importantes sentencias de 2008, 2010 y 2022.
La Corte, que tiene una mayoría conservadora de seis a tres, escuchó en enero los argumentos de otro importante caso relacionado con la Segunda Enmienda. Los jueces conservadores de la Corte mostraron su escepticismo hacia una ley de Hawái que restringe el porte de armas de fuego en propiedades privadas abiertas al público, como la mayoría de los negocios, sin el permiso del propietario.
