Las declaraciones reavivan los señalamientos internacionales sobre el avance del narcotráfico en México y las acusaciones contra gobiernos de Morena.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ofreció al gobierno mexicano intervenir directamente para desmantelar a los cárteles del narcotráfico, pero que la propuesta fue rechazada por la presidenta de México.
Durante un mensaje público realizado en el marco de una estrategia internacional para combatir el narcotráfico, Trump afirmó que planteó a la mandataria mexicana la posibilidad de colaborar de manera directa para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano y que abastecen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
“Le ofrecí a la presidenta entrar y ayudar a destruir a los cárteles. Podríamos acabar con ellos rápidamente, pero me dijo que no”, declaró el mandatario estadounidense.
Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en medio de un creciente debate internacional sobre el avance del crimen organizado en México y sobre la capacidad del Estado para contener a las organizaciones criminales que operan en diversas regiones del país.
En Washington, funcionarios y analistas de seguridad han señalado en múltiples ocasiones que amplias zonas del territorio mexicano enfrentan una fuerte presencia de grupos criminales, responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Estas preocupaciones han colocado a México en el centro de la agenda de seguridad bilateral.
Los señalamientos ocurren además en un contexto en el que diversos gobiernos estatales encabezados por Morena han sido cuestionados por el incremento de la violencia y por la presencia territorial de organizaciones criminales.
En el sureste del país, por ejemplo, se ha documentado la operación de grupos como “La Barredora”, una organización criminal vinculada a disputas violentas por el control de plazas y rutas de narcotráfico. El surgimiento de este tipo de células criminales ha sido señalado por especialistas como evidencia de la fragmentación y expansión del crimen organizado en distintas regiones del país.
A estos señalamientos se suma la polémica generada por decisiones recientes del gobierno estadounidense relacionadas con políticos mexicanos. Uno de los casos más notorios fue la revocación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, militante de Morena, así como a su esposo, lo que provocó cuestionamientos públicos y exigencias de transparencia sobre los motivos de la medida.
Diversos reportes y versiones difundidas en círculos políticos y de seguridad en Estados Unidos han señalado que decenas de políticos mexicanos han enfrentado restricciones migratorias o investigaciones relacionadas con posibles vínculos con redes criminales, lo que ha incrementado la presión internacional sobre el tema del narcotráfico.
Las declaraciones de Trump se dan también en un momento en el que su gobierno impulsa una estrategia internacional más agresiva contra los cárteles, incluyendo la posibilidad de clasificarlos como organizaciones terroristas y coordinar acciones con países del continente para debilitar sus estructuras financieras y operativas.
En ese contexto, el señalamiento de que el gobierno mexicano rechazó una posible colaboración directa contra los cárteles volvió a encender el debate político sobre la estrategia de seguridad en México y sobre el papel que han jugado los gobiernos de Morena frente al avance del crimen organizado.
Mientras en Washington el narcotráfico es considerado ya una amenaza de seguridad internacional, en México las declaraciones del presidente estadounidense vuelven a colocar en el centro de la discusión la pregunta sobre si la estrategia actual ha sido suficiente para frenar el poder de los cárteles o si, por el contrario, ha permitido que estos consoliden su presencia en diversas regiones del país.
