Suman 42 juicios de amparo promovidos por el abogado Luis Lauro Quintero Floyd. Hay afectados de las regiones Centro y Carbonífera, aunque también de Nuevo León
Fabiola Sánchez
LA PRENSA
Suman ya 42 juicios de amparo promovidos para ayudar a víctimas de extorsiones en Hidalgo, Nuevo León, municipio que se vio obligado a reembolsar a dos de los afectados cantidades de 3 y 7 mil pesos respectivamente. Los procedimientos fueron presentados ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, Nuevo León, en contra de presuntos abusos en el cobro de multas de tránsito.
El abogado Luis Lauro Quintero Floyd, quien ha encabezado la defensa legal de los conductores que aseguran haber sido víctimas de multas arbitrarias cuando circulaban por esa localidad del estado de Nuevo León, aseguró que la resolución de los casos anteriormente interpuestos se viene en cadena.
El litigante explicó que los nuevos amparos se suman a una serie de demandas que se han presentado en los últimos meses, luego de que diversos automovilistas comenzaran a denunciar irregularidades en la aplicación de infracciones por parte de agentes de tránsito del municipio.
Dio a conocer que, entre los afectados hay conductores de la Región Centro, Carbonífera y del mismo estado de Nuevo León y cada uno de los casos son atendidos y turnados ante la autoridad competente con la finalidad de poner fin a estos actos indebidos de la autoridad.
Comentó que, entre las infracciones que con mayor frecuencia se les atribuyen a los automovilistas se encuentran exceso de velocidad en zona escolar, poner en peligro a terceros, portar accesorios en los faros o supuestamente no contar con seguro del vehículo.
Señaló que en varios de los casos denunciados los conductores aseguran haber pagado cantidades elevadas de hasta 10 mil pesos al momento de la infracción, mientras que en los recibos oficiales aparecen montos menores, lo que ha generado sospechas sobre el destino del dinero recaudado.
El defensor aseguró que continuará promoviendo los recursos legales en favor de los ciudadanos afectados, al considerar que estas prácticas representan presuntas violaciones a los derechos de los conductores que transitan por ese municipio.
