La iniciativa no sólo modifica tiempos, sino que permite que el titular del Ejecutivo promueva el voto a su favor
Por Mayolo López/Agencia Reforma
La Prensa
MÉXICO.- El Plan B electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral la faculta a difundir el proceso de revocación de mandato y promover el voto en su favor.
Con arreglo a la iniciativa que esta tarde fue recibida en el Senado de la República -«con el objeto de reducir Privilegios y fortalecer la Revocación de Mandato» se propone una reforma al artículo 35 de la Constitución Política que a la letra dice:
«La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso a su favor en los términos que establezca la ley de la materia», se lee en el documento.
Es decir, la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal al Senado no sólo plantea modificar tiempos del ejercicio, sino que permitirá que el propio titular del Ejecutivo promueva el voto a su favor.
Para ese ejercicio, según se desprende de la iniciativa, quedará prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas y, como se propone, «el uso de tiempos oficiales (y) la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato.
«Durante los sesenta día anteriores a la jornada para la revocación de mandato deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de Gobierno».
Hasta ahora, la revocación de mandato se había contemplado como un mecanismo ciudadano, con restricciones para impedir que el Gobierno interveniera en su promoción.
Sin embargo, la nueva redacción abre la puerta a que la propia Presidenta difunda el ejercicio, participe activamente en la narrativa pública y llame al voto para mantenerse en el cargo.
Aunque el texto mantiene la prohibición del uso de recursos públicos y tiempos oficiales, fuentes legislativas advierten que la sola participación del titular del Ejecutivo podría desbalancear el proceso.
El proyecto también plantea modificar el calendario, pues la solicitud podría hacerse tras el segundo o tercer año de Gobierno y la consulta se realizaría el primer domingo de junio, abriendo la posibilidad de coincidir con elecciones.
«Esto refuerza las críticas sobre un posible uso político del mecanismo, al integrarlo al calendario electoral», manifestó una de las fuentes consultadas.
