Rubén Moreira Valdez
El Congreso mexicano abdicó de varias de sus funciones fundamentales. El país atraviesa por graves problemas: una deuda sin precedentes, inflación que no cede, finanzas públicas con dificultades, falta de crecimiento económico, inseguridad evidente y un vecino con afanes de intervención. Mientras eso sucede, hay dos actitudes que tienen relación con el Poder Legislativo: una proviene del interior del parlamento y la otra del Ejecutivo y su partido.
Las funciones del legislador no se limitan a fabricar leyes; su importancia radica en ser contrapeso de los otros poderes y, en una lógica dialéctica, la evaluación que realice de ellos y su eventual oposición a sus conductas; esto fortalece la capacidad institucional del Estado mexicano. Tener un parlamento obsequioso, en lugar de ayudar, perjudica.
Entre todos los temas en conflicto, el de la seguridad es de aquellos que tienen efectos complejos; entre ellos, los intereses legítimos de otros países que son afectados por las acciones de los criminales mexicanos. Sin embargo, los legisladores, en teoría con múltiples facultades en materia de seguridad, no participan en el esfuerzo por lograr la paz; parece que su apuesta es la inacción.
Hay ejemplos muy significativos; entre ellos, la negativa de instalar dos comisiones bicamerles con responsabilidades fundamentales; me refiero a la de Seguridad Nacional y a la de Seguimiento a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. En otro país o en otros momentos de la historia, tal omisón sería impensable.
Las cosas no paran allí. Si analizamos el trabajo de la Comisión Ordinaria de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Dipiutados, de inmediato se percibe lo poco serio de su trabajo. La estadística y las actas de sus sesiones delatan un trabajo deficiente e indolente. No hay productividad, no se obliga a los funcionarios a comparecer y rendir cuentas; mucho menos se demandan acciones eficaces o se evalúa el trabajo de las corporaciones o gobernadores.
Pero no solo se trata de omisiones, desde el gobierno y Morena hay una política sistemática para debilitar a la legislatura federal y las locales. Hace unos días, se detuvo una reforma electoral que tenía como objetivo que el partido oficial capturara en definitiva al parlamento y que los legisladores opositores no fueran los más diestros. Sin embargo, la andanada no cesa: se amenaza con la disminución de recursos a los órganos legislativos y con consultas populares para acotar sus decisiones.
Resulta muy popular el discurso de la austeridad, pero es peligroso cuando desaparecen las capacidades de los legisladores para realizar su trabajo. Analizar y evaluar a los otros poderes requiere de fortalezas institucionales y, para obtener estas, se demandan recursos. Un poder legislativo débil es cómodo para un gobierno que tiende al autoritarismo.
El gobierno habla solo y se contesta. El gobierno construye su debilidad al destruir los contrapesos.
