El senador del PRI presenta iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; busca garantizar la integridad de quienes participaron en operativos de alto riesgo
Por: Jesús Medina
LA PRENSA
CIUDAD DE MÉXICO. – México atraviesa una crisis de violencia que ha colocado a las Fuerzas Armadas en la primera línea de defensa del Estado, con un alto costo humano, ya que más de 800 militares han perdido la vida en enfrentamientos, emboscadas y ataques perpetrados por organizaciones criminales cada vez más violentas y sofisticadas, advirtió el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Partido Revolucionario Institucional.
Por ello presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con el fin de proteger a elementos en retiro ante amenazas del crimen organizado, después de participación en operativos de alto riesgo o en acciones estratégicas para la seguridad nacional.
Señaló que el riesgo no termina al concluir el servicio activo, pues existen casos de ataques contra militares incluso fuera de funciones, situación que demuestra la identificación de objetivos por parte del crimen organizado dentro de las instituciones y la permanencia de amenazas contra quienes participaron en operativos relevantes.
La iniciativa propone la adición de una fracción al artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas e incorpora un nuevo capítulo sobre servicios de seguridad personal, con el propósito de establecer un mecanismo institucional para el otorgamiento de protección temporal a militares en retiro, previa evaluación técnica de riesgo y con opinión de las secretarías competentes.
El proyecto establece que la protección no tendrá carácter automático ni permanente, sino excepcional y sujeta a criterios claros, con límites definidos y causales para negar o retirar el beneficio, entre ellas la existencia de sentencias por delitos dolosos o faltas graves, con el objetivo de evitar privilegios y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
El legislador subrayó que la seguridad para quienes arriesgaron la vida en defensa del país no constituye un privilegio, sino una obligación del Estado, debido a que la intimidación contra mandos militares afecta la estabilidad institucional, debilita la capacidad de las fuerzas de seguridad y pone en riesgo la seguridad interior.
