El PRI y especialistas financieros denuncian que la reforma a la Ley de Presupuesto busca ocultar un déficit real de 1.4 billones de pesos
Por Especial
La Prensa
MÉXICO.- De ser aprobada el próximo miércoles en Comisiones Unidas de Infraestructura y de Hacienda, la propuesta de modificar la definición de gasto corriente estructural de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las calificadoras como Fitch Ratings y Standard & Poors, Moody’s, entre otras, podrían bajar la calificación soberana de México, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
Lo anterior, consideraron el legislador del PRI y los especialistas que participan en el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, quienes expusieron que con esa propuesta se pretende un engaño, “disfrazar” el verdadero nivel del gasto público neto, al excluir de este los sueldos de médicos, policías y maestros, así como el monto de los recursos que se aplican a los programas sociales.
Moreira Valdez, aseveró que esa iniciativa es un nuevo intento de opacar y mentir, ahora sobre el llamado déficit público, que es la diferencia entre el gasto público y los ingresos que se recaudan, y que es muestra de que existe despilfarros en el gobierno de Morena y un excesivo endeudamiento.
Con la modificación propuesta, advirtió el priista, se mostraría un endeudamiento menor al que realmente se tendría, además de simular que existen finanzas públicas sanas con datos ficticios y mentirosos, lo que sería castigado por las principales agencias calificadoras internacionales.
En ese sentido, el abogado Miguel Sulub destacó que la propuesta busca romper la llamada “Regla de Oro” de las finanzas públicas que establece que el gasto corriente no debe crecer por arriba de los ingresos disponibles y más allá de lo que crece la economía nacional.
Precisó que lo anterior no se ha respetado porque en 2024, por ejemplo, el gasto corriente estructural creció un 1.4 por ciento, respecto al monto que aprobó la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y un 9 por ciento comparado con el monto que comprendió en 2023. Por ello, insistió, de ser avalada la reforma se estarían disminuyendo “ficticiamente” poco más de 1.4 billones de pesos del gasto público y ocultando el déficit real que existe.
A su vez, el economista y especialista en finanzas públicas Mario Di Costanzo señaló que quien haya propuesto esa iniciativa no le hace un favor a la Presidenta, por lo que espera que haya cordura y sensatez en el Congreso para no aprobar esa modificación. Indicó que es necesario consultar a las calificadoras, al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, así como a las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría Fiscal antes de una posible resolución.
“Sería desastroso para nuestro país que en estos momentos nos bajaran la calificación por tener una ´ficción en las finanzas públicas´. No olvidemos que perder la calificación soberana detendría las pocas inversiones que han llegado, aumentaría más el desempleo generando más informalidad, crecería el costo de la deuda y el pago de intereses al aumentar la tasa de interés, entre otros negativos impactos”, sentenció.
Moreira Valdez añadió que esta reforma busca ocultar el hecho de que las finanzas públicas están en quiebra y endeudadas por el despilfarro que se dio durante la administración de López Obrador a través de los megaproyectos que han fracasado como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA y el Tren Interoceánico, cuyo costo no solo fue muy superior al presupuestado originalmente sino que también operan con pérdidas y tienen que ser subsidiadas.
El exgobernador de Coahuila señaló que lo peor no son los bajos ingresos, sino la pérdida de vidas humanas de trabajadores de Pemex y usuarios del Tren.
Agregó que por los malos manejos y la corrupción en los últimos siete años, la deuda pública que en 2018 dejó el presidente Enrique Peña de10.5 billones, ya alcanzará este año los 20 billones y al terminar este sexenio estaría por arriba de los 26 billones, casi el 60 por ciento del PIB. “Eso es lo que el gobierno quiere ocultar con esta reforma”, insistió.
“Cada mexicano deberá al terminar este año poco más de 138 mil pesos por concepto de deuda pública, cuando con Enrique Peña debía 84 mil pesos”, recalcó Rubén Moreira.
