Maifestantes se enfrentan a la policía en Jerusalén; “el silencio es mortal”, denuncian en Cisjordania
Jerusalén. Cientos de manifestantes salieron a las calles el martes en los territorios palestinos y en Jerusalén, después de que el Parlamento de Israel aprobara la pena de muerte por ah0rcamiento para aquellos condenados por terrorismo contra los israelíes. Los palestinos afirman que la ley está destinada para aplicarse a ellos.
Palestinos jóvenes y mayores realizaron sentadas y marchas en la Cisjordania ocupada, el territorio donde la nueva ley tiene el alcance más amplio. El partido político Fatah ha convocado una huelga general en la parte norte de Cisjordania para el miércoles.
La legislación ordena a los tribunales militares de Cisjordania —que juzgan únicamente a palestinos— imponer la pena de muerte como condena predeterminada para aquellos palestinos condenados por asesinar israelíes, que se considerará un acto de terrorismo.
“El tiempo se agota y el silencio es mortal”, decían carteles que llevaban los manifestantes en la ciudad de Naplusa, en el centro de Cisjordania, mostrando el dibujo de un prisionero con la kufiya palestina junto a una soga. “Detengan la ley para ejecutar prisioneros, antes de que sea demasiado tarde”.
La ley superó su votación final en el Knesset (parlamento israelí) a última hora del lunes, entre vítores y aplausos. Itamar Ben-Gvir, el ultranacionalista ministro israelí de Seguridad Nacional que impulsó la legislación, describió la ley como algo largamente esperado y como una señal de fortaleza y orgullo nacional.
Aplicación de la pena de muerte podría retrasarse
La ley entrará en vigor dentro de 30 días, pero su aplicación podría retrasarse por procesos judiciales en el máximo tribunal de Israel.
La medida no es retroactiva y no se aplicará a los presos actuales. Aun así, señala un endurecimiento extremo de la política penal israelí que despertó temor entre los manifestantes por todos los prisioneros palestinos en cárceles israelíes —emblemas de la resistencia nacional—.
A los ciudadanos judíos israelíes, juzgados por tribunales ordinarios, se les concede la posibilidad de sustituir la pena capital por cadena perpetua, bajo condiciones más estrictas.
“Ustedes son el símbolo de la lucha, ustedes son el símbolo de la firmeza”, coreaban los manifestantes en Naplusa, y algunos sostenían carteles con los rostros de amigos y familiares que actualmente están en prisiones israelíes.
También hubo protestas en Jerusalén, donde manifestantes se enfrentaron a la policía.
“Es simplemente horrible. Es indescriptible, porque es solo para los palestinos. Es una vergüenza. Una vergüenza”, dice EFE Hana, vecina de unos 70 años de Jerusalén.
“Han pasado 80 años desde la Segunda Guerra Mundial y las cosas realmente están empeorando. Es una lástima que esto ocurra en Israel, que yo consideraba un buen lugar para vivir. Ya no creo que lo sea”, se lamenta Hana en la calle Gaza de Jerusalén, a apenas unos metros del edificio donde el mandatario israelí tiene su residencia privada.
Entre los más jóvenes, Michael, estudiante de 29 años, calificó la aprobación de la ley como “un acto de populismo”.
“No la apoyo. Y me asusta porque no creo que el judaísmo trate de la muerte. El judaísmo trata de la vida. Los terroristas merecerían estar muertos, pero no creo que en el Estado del pueblo judío debamos condenar a muerte a la gente”, afirma este joven a EFE.
EU confía en que habrá “juicios justos”
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el derecho de Israel de imponer la pena de muerte a los terroristas y confió en que lo hará respetando juicios justos y las garantías procesales.
“Estados Unidos respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas para las personas condenadas por terrorismo”, declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, país que también aplica la pena de muerte.
“Confiamos en que dichas medidas se llevarán a cabo con un juicio justo y respetando todas las garantías y protecciones procesales aplicables”, declaró.
En contraste, la presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Petra Bayr, advirtió que la aprobación de la ley podría hacer perder a Israel su estatus de observador.
“Un paso más hacia el apartheid”
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó que la ley israelí es “un paso más hacia el ‘apartheid'”.
En un mensaje en la red social X, Sánchez condenó la nueva norma israelí al tratarse de una medida asimétrica, que no se aplicaría a israelíes que cometieran los mismos delitos.
“Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el ‘apartheid’. El mundo no puede callar”, subrayó.
Funcionarios palestinos difundieron comunicados en los que afirmaron que la pena de muerte viola el derecho internacional, pidiendo a otros países que intervengan. Amnistía Internacional ha señalado que el uso de la pena de muerte bajo la nueva medida podría vulnerar el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tal como está consagrado en el derecho internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino pidió sanciones contra el Parlamento de Israel y su suspensión de organismos internacionales.
“La ley derecho representa un punto de inflexión crítico en la formalización de asesinatos extrajudiciales bajo un disfraz legal”, indicó el comunicado. “El Ministerio subraya que esta ley, en su esencia, constituye una política institucionalizada de ejecuciones en el terreno basada en criterios discriminatorios y racistas”.
En Gaza, decenas de personas se sumaron a una manifestación frente a la sede de la Cruz Roja, donde mujeres con hiyab sostenían retratos de conocidos prisioneros palestinos como Marwan Barghouti.
La ley también se extiende a los tribunales israelíes, dándoles la opción de imponer la pena de muerte a ciudadanos israelíes condenados por asesinato de carácter nacionalista, un lenguaje que, según expertos legales, en la práctica limita a quienes pueden ser condenados a muerte a ciudadanos palestinos de Israel y excluye a ciudadanos judíos.
Por El Universal
