Bajo el argumento de combatir delitos como la extorsión y el fraude, el 30 de junio de 2026 es la fecha límite para que registrar las líneas móviles; menos del 20% de la población lo ha hecho.
El tiempo se agota para más de 150 millones de usuarios de telefonía móvil en México. Con un avance menor al 20% en el registro oficial de celulares, quedan solo 75 días para que termine el plazo fijado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT); de lo contrario, millones de líneas podrían enfrentar la inhabilitación del servicio de llamadas, mensajes y datos.
Bajo el argumento de combatir delitos como la extorsión y el fraude, el nuevo marco regulatorio establece el 30 de junio de 2026 como la fecha límite para que todas las líneas móviles queden asociadas al nombre de una persona física o moral identificable, mediante documentación oficial.
El proceso, que aplica tanto a líneas de prepago como de pospago y abarca números activos, corporativos e institucionales, exige que los usuarios proporcionen una identificación oficial vigente y la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Entre los documentos aceptados se encuentran la credencial para votar (INE) y el pasaporte. En el caso de personas morales, el registro se realizará mediante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Pese a la obligatoriedad, la respuesta ciudadana ha sido relativamente baja. A finales de marzo, apenas el 14% del total de usuarios de líneas móviles en México habían cumplido con el trámite, de acuerdo con “El Universal”. Mientras “Reforma” indicó este 15 de abril, que menos del 18% de las líneas se habían registrado.
Preocupaciones, riesgos y vacíos legales
La medida no está exenta de críticas y advertencias sobre sus posibles riesgos. Expertos en telecomunicaciones, como el abogado Sergio Legorreta, han alertado que los vacíos en la normativa podrían propiciar un mercado informal de líneas.
«No tengo la menor duda de que se va a crear un mercado secundario (…) ilegal de líneas ya activadas», dijo Legorreta en entrevista con “El Financiero” a principios de este año, advirtiendo que personas físicas con actividades empresariales podrían registrar miles de chips sin verificaciones adicionales para su reventa.
Además, señaló que varias personas se verán obligadas a optar por alternativas ilegales debido a que no poseen los documentos requeridos:
“Del universo total de usuarios de telefonía móvil, debe haber un número no menor de usuarios que simplemente no tiene una identificación, no porque sean criminales o personas que hacen mal uso de las líneas, sino porque simplemente no tienen una identificación o porque su documentación no está en orden”.
Sobre la custodia de datos
Ante los cuestionamientos sobre la privacidad, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la medida no busca la vigilancia, sino dar a las autoridades herramientas para rastrear delitos.
“No tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, sino sencillamente se registran en la telefónica y si hay un delito, las áreas correspondientes de seguridad o de procuración de justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito”, sostuvo la mandataria.
Sheinbaum subrayó que no se creará un padrón central administrado por el gobierno, sino que serán las propias empresas telefónicas las responsables de resguardar la información de los usuarios y solo la entregarán bajo requerimiento judicial.
El proceso de registro podrá realizarse de forma presencial en centros de atención o a través de plataformas digitales habilitadas por cada operador. La normativa permite que las empresas desarrollen mecanismos propios de validación de identidad, siempre que cumplan con los lineamientos técnicos establecidos por la autoridad.
El requisito también aplica para SIM físicas y eSIM. Usuarios nacionales y extranjeros con líneas activas en México deberán cumplir con el proceso dentro de los plazos establecidos.
