La entidad rediseña este modelo tras desaparición en México del INAI
Por: Rolando Herrera
La Prensa
A más de un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del rediseño del sistema de transparencia en el País, la mayoría de las entidades aún no asume plenamente las funciones de los órganos locales.
La reforma constitucional que eliminó la autonomía de las autoridades garantes, publicada el 20 de diciembre de 2024, fijó 90 días naturales para que el Congreso de la Unión expidiera una ley general con el nuevo modelo, la cual se publicó el 20 de marzo de 2025. A partir de entonces, los Congresos estatales contaban con otros 90 días para armonizar sus marcos normativos, plazo que venció el 19 de junio de 2025.
Transparencia para el Pueblo, el órgano que sustituyó al INAI, informó el pasado 20 de marzo que para esa fecha solo 18 entidades federativas habían armonizado sus leyes conforme a la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, para el 10 de abril, solo 16 habían instalado sus subsistemas de transparencia, es decir, que ya pueden operar con regularidad. Estos estados son Aguascalientes, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Coahuila, Sonora, Puebla, Yucatán, Colima, Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala.
La reforma constitucional de diciembre de 2024, promovida por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y publicada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, desapareció los órganos autónomos, a nivel federal el INAI, y en las entidades los institutos locales de transparencia.
Las 33 autoridades garantes que existían gozaban de autonomía respecto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los demás sujetos obligados respecto de los cuales ejercían sus atribuciones de garantes del acceso a la información pública y de protección de los datos personales.
La Ley General de Transparencia estableció que el caso federal sería un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno denominado Transparencia para el Pueblo el encargado de asumir la responsabilidad de autoridad garante en materia de acceso a la información.
Mientras que en las entidades señaló que los responsables serían los órganos encargados de la contraloría u homólogos en el Poder Ejecutivo, quienes además conocerán de los asuntos en materia de transparencia de los municipios.
El proceso de supuesta armonización, indicó la ex comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, ha derivado en realidad a una transición desordenada, heterogénea y en muchos casos incompleta.
«Un grupo de ex comisionados locales y tu servidora hemos venido dándole seguimiento, hablando con los compañeros de los institutos locales, y te puedo afirmar con conocimiento que ha sido un proceso muy desigual», señala en entrevista.
Un repaso de la situación en la que se encuentran algunos estados, indica, da muestra de la heterogeneidad con la que se ha implementado la reforma constitucional de 2024 en el País.
«Pocos estados han hecho los cambios, algunos aprobaron las reformas para desaparecer los institutos locales, pero no han aprobado las legislaciones secundarias y menos han puesto en marcha el órgano desconcentrado», indica.
De acuerdo con el seguimiento realizado por Del Río, Aguascalientes fue el primer estado en extinguir su órgano garante, el 14 de mayo de 2025, sin embargo, sus funciones fueron absorbidas por la Dirección Jurídica de la Contraloría del Estado, sin presupuesto específico ni estructura especializada.
En Jalisco, el Instituto de Transparencia cerró en noviembre de 2025, sin que el Congreso local emitiera previamente leyes secundarias, lo que dejó la transición institucional sin reglas claras.
Ante esta omisión legislativa, el pasado 25 de marzo, el colectivo Compromiso Jalisco por el Derecho a la Información, conformado por académicos y periodistas, interpuso una demanda de amparo en contra del Congreso del Estado.
En Colima, las funciones del instituto de transparencia fueron transferidas a la Contraloría General del Estado, que las concentró en una Dirección General.
En Zacatecas, el Instituto cerró en junio, y aún no ha sido designada la persona titular del órgano desconcentrado previsto en la ley, pese que dicho nombramiento debió hacerse a más tardar el 6 de noviembre de 2025.
En Sinaloa ya se aprobó la reforma a la Constitución local para la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, sin embargo, todavía no se aprueban las leyes secundarias, por lo que el órgano garante opera bajo un esquema transitorio.
En Morelos, en enero de este año el Congreso declaró la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y transfirió sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y a los órganos internos de los otros poderes.
En Baja California Sur, en noviembre del año pasado desapareció el instituto de transparencia y sus funciones fueron asumidas por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno del Estado.
Quintana Roo cerró su instituto en diciembre de 2025 y creó su órgano desconcentrado, siendo de los pocos estados que concluyeron formalmente la transición.
En San Luis Potosí, el pasado 24 de febrero el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución local con lo que despareció la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública y estableció un plazo de 120 días para modificar las demás leyes.
En Chihuahua, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública sigue operando con normalidad, sin que en el Congreso se hayan formalizado las iniciativas para la reforma a la constitución y las leyes secundarias.
En Nuevo León sigue operando el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debido a que el Congreso estatal no ha hecho las reformas necesarias.
El pasado 7 de abril, al resolver una controversia constitucional promovida por el Ejecutivo estatal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso local a homologar la legislación conforme a la Constitución del País y la Ley General.
En la Ciudad de México, en diciembre pasado, el Congreso local aprobó la reforma constitucional para desaparecer al InfoDF y conferir parte de sus facultades a la Contraloría General, sin embargo, no han sido aprobadas las leyes secundarias.
Mientras que el Estado de México, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Guerrero y Nayarit cuentan con dictámenes aprobados o están en procesos de transición.
