El periodista Víctor Hugo Arteaga señaló que los recursos habrían fluido entre 2021 y 2023 a través de contratos públicos y esquemas de subcontratación.
El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga dio a conocer que las autoridades de Estados Unidos investigan una red de empresas vinculadas a funcionarios y al entorno del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a partir de información financiera que apunta a transferencias millonarias y posibles conflictos de interés.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que tras la revisión documental y la consulta de fuentes, el caso tiene implicaciones que podrían conocerse en los próximos días, además de la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por cargos relacionados con el narcotráfico.
El periodista aseguró que la información ya es analizada por las agencias de inteligencia estadounidenses. La investigación apunta a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y coacusado junto con el gobernador con licencia de Sinaloa.
Aretaga señaló que Díaz Vega es propietario de la empresa Housesin Desarrollos SA de CV, la cual mantiene relación comercial desde alrededor de 2010 con la Constructora Chocosa, propiedad de los hijos de Rocha Moya. Esta última se encargaba de trabajos de pavimentación en desarrollos inmobiliarios.
Apuntó que. tras asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, Díaz Vega habría otorgado contratos públicos a su propia empresa “para la construcción de obras en el estado de Sinaloa”. Posteriormente, esa misma empresa habría transferido recursos a compañías ligadas a los hijos del mandatario estatal, en un esquema que describió como de subcontratación o retorno de recursos.
Arteaga precisó que existe una “pista de 240 millones de pesos” que, entre 2021 y 2023, habría fluido desde Housesin hacia dichas empresas. Este rastro financiero forma parte de las líneas de investigación abiertas en Estados Unidos, donde Díaz Vega enfrenta acusaciones por presunta complicidad y asociación delictuosa.
El periodista explicó que las denuncias han sido presentadas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por lo que advirtió que el alcance de las investigaciones se ha ampliado más allá de los funcionarios señalados.
“No solamente se están abocando las autoridades de Estados Unidos para investigar a estos diez políticos […], sino que también la investigación se ha ido formando y desarrollando en torno a las empresas que han tenido relación directa con estos diez personajes”, explicó .
Arteaga añadió que, bajo la legislación estadounidense en materia de seguridad nacional y combate al terrorismo, cualquier persona o empresa que haya mantenido vínculos comerciales con los acusados puede ser objeto de indagatoria. “Todas las personas que hacen negocios con ellos son investigadas”, afirmó, al señalar que podrían enfrentar cargos por conspiración y lavado de dinero.
En este entramado, mencionó a otras compañías bajo escrutinio, como JRM Transportación, presuntamente vinculada al traslado ilegal de combustible, así como a las constructoras Remco y Majolva. Estas firmas, indicó, “están siendo investigadas por las autoridades de Estados Unidos” y han recibido contratos y recursos durante la actual administración estatal.
El periodista también apuntó a posibles nexos con actores políticos. Señaló que Jesús Antonio Cázares López, familiar del senador Enrique Inzunza, aparece como representante legal tanto de la constructora Remco como de la empresa Majolva, lo que extiende el alcance de las investigaciones hacia personas cercanas al ámbito político.
Enfatizó que las indagatorias continúan en curso y que el foco se mantiene en las conexiones financieras y empresariales que rodean a los implicados. Insistió en que la información obtenida hasta ahora forma parte de un proceso más amplio que podría derivar en nuevas acciones por parte de las autoridades estadounidenses en el corto plazo.
Con información de Artisteguinoticias
