Por Eridani Salazar/Excelsior
La Prensa
EU.- En la noche del lunes, las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Caribe, acción que dejó como saldo dos tripulantes muertos. El Pentágono confirmó la operación y la justificó como parte de su estrategia contra grupos catalogados como “narcoterroristas”.
Esta operación militar se suma a una serie de ataques similares que, desde septiembre, han dejado un saldo provisional de al menos 187 personas fallecidas.
El comunicado oficial del Comando Sur señaló que la inteligencia militar había confirmado que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en operaciones ilícitas. Durante la acción, dos hombres identificados como “narcoterroristas” murieron, mientras que ningún militar estadounidense resultó herido.
Justificación del gobierno estadounidense
El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que estas operaciones forman parte de una estrategia para combatir a grupos vinculados con el narcotráfico internacional. Según la administración, los ataques buscan frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y desarticular organizaciones criminales que operan en la región del Caribe. Sin embargo, el comunicado no aporta pruebas contundentes que permitan afirmar con certeza que las embarcaciones atacadas estaban efectivamente implicadas en actividades de tráfico.
Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado fuertes críticas a estas acciones, señalando que podrían equivaler a “ejecuciones extrajudiciales”. Según estos grupos, los ataques parecen dirigirse contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y legitimidad de la estrategia militar.
Además, se ha señalado que el gobierno de Trump está aplicando procedimientos similares a los utilizados por administraciones anteriores en países como Yemen o Somalia, donde se llevaron a cabo ataques contra presuntos terroristas sin ofrecer detalles claros ni pruebas verificables. Esta continuidad en la política militar ha generado preocupación sobre el respeto a los derechos humanos y la transparencia en las operaciones.
