• El legislador aseguró que el objetivo es garantizar seguridad y condiciones adecuadas para personas, grupos y organizaciones que defienden derechos humanos en asuntos ambientales.
• Propone que quienes se encuentren en situación de riesgo puedan acceder al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A fin de garantizar un entorno seguro y propicio, sin amenazas, restricciones ni inseguridad, para las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En su iniciativa, el legislador del PRI propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) adopte medidas efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos de estos activistas a la vida, a la integridad personal, a la libertad de opinión y expresión, a la reunión y asociación pacíficas, así como a la libre circulación.
Asimismo, el coordinador parlamentario contempla que ejerzan los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y a la justicia en esta materia.
Rubén Moreira subrayó que quienes se encuentren en situación de riesgo podrán acceder al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, beneficiándose de medidas de prevención y acciones urgentes que garanticen su vida, integridad, libertad y seguridad.
En su propuesta, el exgobernador de Coahuila pide que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República asuman la responsabilidad de implementar medidas oportunas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o actos de intimidación contra defensores ambientales en el ejercicio de sus derechos.
Rubén Moreira recordó que al inicio de la legislatura promovió una reforma similar, con el objetivo de crear un marco jurídico reforzado para proteger a las personas defensoras del medio ambiente. Sin embargo, explicó, aquella propuesta no fue dictaminada pese a la relevancia del tema.
