El grupo criminal de Los Ardillos ha sido asociado con Los Beltrán Leyva y autoridades indígenas mencionan preocupación por la posibilidad de que el extractivismo en la zona de La Montaña sea una de las motivaciones de la escalada de violencia.
Por STAFF / EL FINANCIERO
La Prensa
Los Ardillos, el grupo criminal que el gobierno federal confirmó como responsable del desplazamiento forzado de al menos 106 personas en Chilapa, Guerrero, volvió al ojo público y resurgieron cuestionamientos sobre su origen y motivaciones.
Las alarmas se encendieron desde el 6 de mayo, cuando autoridades indígenas comenzaron a denunciar que se intensificaron los ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán.
“Los ataques, realizados con armas de alto calibre y drones, provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas el pasado 9 de mayo, quienes hoy sobreviven refugiadas en otras comunidades, muchas de ellas también bajo riesgo”, aseguró el Congreso Nacional Indígena (CNI), organización base de decenas de agrupaciones de publos originarios en el país.
Ante las denuncias, la Secretaría de Gobernación explicó que tomó el control del municipio y birndó asistencia a las comunidades desplazadas.
En la zona fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, además de 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades y 200 policías estatales con 34 patrullas.
El CNI recordó que las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) llevan años denunciando asesinatos, amenazas, hostigamiento y violencia sistemática, “sin que las autoridades hayan garantizado condiciones reales de seguridad”.
Afirmó que las denuncias han sido ignoradas o reducidas a supuestos ‘conflictos entre comunidades’, mientras la violencia se recrudece.
Según la CIPOG-EZ, los ataques del crimen organizado, que actua bajo lógicas paramilitares, han dejado 76 muertos y 25 desaparecidos desde 2014 en la región.
¿Qué buscan Los Ardillos al desplazar a comunidades indígenas?
Los Ardillos, radicados en la región de La Montaña, son un grupo narco-paramilitar asociado con el cártel de los Beltrán Leyva y una de las organizaciones más violentas del país.
La organización criminal, fundada por Celso Ortega Rosas, “La Ardilla”, expolicía rural en el año 2000, se dedica a la extorsión, secuestro, venta de drogas y ha alcanzado notoriedad nacional por el desplazamiento forzado de comunidades indígenas durante varios años.
El CNI aseguró tener preocupación de que la violencia prolongada de este grupo se constituya en “nuevas formas de despojo territorial”.
Sobre sus motivaciones, la organización indígena mencionó el avance de megaproyectos extractivos, entre ellos los mineros, históricamente impuestos sobre territorios indígenas mediante miedo, fragmentación y violencia».
“Desde el 2015, estas comunidades han estado bajo el asedio del crimen organizado, el cual busca generar terror en la población para desarticular la organización comunitaria y su sistema de seguridad y justicia indígena”, detalló el congreso.
La CNDH advirtió a las autoridades a tomar medidas desde 2021
En 2021, luego de un episodio similiar en Chilapa y del desplazamiento forzado de las comunidades de la zona por agresiones de Los Ardillos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) adviertió a las autoridades para “prevenir la comisión de actos de difícil o imposible reparación”,
El organismo solicitó a la gobernadora, así como a los titulares de la Secretaría General de Gobierno del Estado y Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, y al comandante de la Guardia Nacional, tomar las siguientes medidas cautelares:
- Realizar acciones pertinentes para garantizar la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva de los habitantes de las comunidades Tula y Xicotlán, e integrantes del CIPOGEZ;
- Instalar módulos de vigilancia en las comunidades mencionadas, garantizando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas
- Coordinar una mesa de diálogo y concertación que permita los consensos necesarios para garantizar la paz en dichas comunidades
- Informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.
El CNI aseguró el domingo que las autoridades hicieron caso omiso al ombusman y exigieron que se garantice la seguridad hacia los pobladores de las comunidades afectadas.
