El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció la falta de confianza de los pobladores
Por Staff/ Excelsior
La Prensa
Los habitantes desplazados de cuatro comunidades de Montaña Baja, en Guerrero, no pueden regresar a sus viviendas a pesar del reforzamiento de la seguridad en la zona. Esto debido a los daños que presentan sus viviendas por los bloqueos y al miedo que les genera la violencia, por encima de los esfuerzos del gobierno federal y estatal.
“La situación sigue tensa en razón de que las familias que se vieron obligadas a desplazarse aún no han decidido bajar porque hay el temor de que esto sea solo una acción esporádica, no se sienten con las bases para asegurar que la gente puede regresar con tranquilidad”.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, apuntó que entre los daños que se pueden ver en las viviendas están las puertas, techos y muros destruidos, y no se sabe si las autoridades les podrán ayudar a su reparación, “¿qué va a pasar con los daños en el sentido de que no hay condiciones como para regresar?”.
Asimismo, el activista apuntó que entre la población afectada se pide investigar a los agresores toda vez que se registraron asesinatos estos últimos días, “las comunidades piden que haya justicia, que haya investigación, que haya sobre todo una estrategia de cómo desmontar una estructura criminal que ya se asentó en la región”.
“Hablamos de muchas muertes. En los últimos tres días hubo más de seis asesinatos, hay desapariciones. Hablamos de personas agredidas y agresoras. Estamos hablando de Los Ardillos, un grupo criminal que son los que han agredido a las comunidades que pertenecen a la policía comunitaria y que no tiene nada que ver con un grupo de la delincuencia. Son partes confrontadas por disputas territoriales o por cuestiones de economía criminal”.
Abel Barrera detalló en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio que “Los Ardillos” forjan su presencia en Montaña Baja a través del llamado Grupo de Paz y Justicia, los cuales son acusados de violentar con múltiples asesinatos estas comunidades.
“También hablaban de cuatro personas desaparecidas. La gente preguntaba qué va a pasar. Lamentablemente, este grupo de Los Ardillos han logrado construir una base social en las comunidades indígenas y que aparecen en estas comunidades donde hay conflictos. […] Queremos que investigue, que haya realmente una acción decidida del gobierno para desmontar una estructura criminal que, viéndolo así, dices ‘es un conflicto entre comunidades’ donde hay gente que está en la delincuencia”.
Respecto a la cifra de desplazados, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan apuntó que aún no hay cifras oficiales; sin embargo, se estima sean más de 800 personas.
“Cuando se dieron las primeras irrupciones armadas, que fue el día 9, estamos hablando de más de 400 personas que salieron de la comunidad de Tula y Xicotlán. La comunidad mayor es la de Alcozauca, que es demás de mil habitantes; de ahí, compañeros y organizaciones hablaban más de 2 mil personas, pero falta saber realmente el número real. Pero lo que sí, es que estamos hablando de más de 800 personas que se desplazaron de cuatro comunidades: Tula, Xicotlán, Huehuetlán, y de Alcozauca”.
Finalmente, Abel consideró que las despensas que están llevando las fuerzas federales a modo de apoyo a los desplazados, son insuficientes para las costumbres alimentarias de los habitantes.
“Se requiere dotar de granos de maíz, toneladas de maíz, algo que sea acorde a los hábitos alimenticios de la población. Sí está faltando y sí se requiere el apoyo. Ya hay varias organizaciones que también se están solidarizando. Lo fundamental es la alimentación de las familias, de los niños, porque sí destruyeron sus precarias reservas de maíz que había en las casas, sus animales, algunos los mataron”.
