Colectivos LGBTIQ+ alertan que el anexo de la Patrulla Espiritual en Tijuana, Baja California, vulneró la identidad de una mujer trans; alzar la voz provocó amenazas y protestas de grupos conservadores; esta es la historia del caso Karime.
A finales de mayo pasado, miles de personas marcharon en Tijuana, Baja California, a favor del internamiento involuntario de personascon problemas de consumo de sustancias. Bajo consignas como “a favor de la vida y la familia”, esos grupos conservadores arroparon a la “Patrulla Espiritual”, nombre con el que se conoce popularmente y en redes sociales alCentro Cristiano de Rehabilitación Jireh, dedicado a atender adicciones.
La marcha fue una respuesta a las denuncias y movilizaciones de personas de la diversidad sexual que denunciaron presuntos abusos del Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh en contra la identidad de género de una mujer trans llamada Karime ‘N’.
El caso se viralizó luego de que el 9 de mayo, la Patrulla Espiritual difundió un video en el que integrantes del grupo interceptaron y se llevaron por la fuerza a Karime, en la colonia Durango, de Tijuana, para trasladarla al anexo.
Tras la difusión de las imágenes del supuesto rescate, colectivos LGBTIQ+ denunciaron que Karime fue víctima de humillaciones y malos tratos. Una vez dentro del Centro, fue obligada a vestir ropa masculina y a cortarse el cabello, pese a que se identifica como mujer trans.
Más de 150 organizaciones de la diversidad sexual acusaron a la Patrulla Espiritual de realizar Esfuerzos por Corregir la Identidad de Género y Orientación Sexual (ECOSIG), conocidas como terapias de conversión, disfrazados de rescate y pidieron al gobierno de Baja California, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, tomar cartas en el asunto.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los ECOSIG son todas aquellas prácticas que buscan “cambiar, suprimir, reprimir o alterar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona para forzarla a un modelo heterosexual o cisgénero”.
“Se basan en la noción errónea y nociva de que la diversidad sexual y de género son un trastorno que debe corregirse. En realidad, producen profundos daños físicos y psicológicos en las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso de todas las edades, en todas las regiones del mundo”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, el entonces Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En ese contexto, la Ciudad de México fue la primera entidad en tipificar los ECOSIG en 2020 y ya suman 22 estados que han incluido el delito en sus códigos penales. A nivel federal, la prohibición se aprobó por el Senado de la República el 26 de abril de 2024.
“Aquí en Baja California (los ECOSIG) están prohibidos y tipificados como un delito desde 2022”, explica Paola Pereira, presidenta del Comité Orgullo Mexicali, uno de los colectivos que se pronunciaron por el caso Karime.
La presión de la comunidad LGBTIQ+ dio resultado. El 13 de mayo, la Fiscalía General de Baja California abrió la carpeta de investigación NUC 2026-14466 por posibles delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad en contra del Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh.
“Siempre vamos a trabajar por el respeto a los derechos humanos y reconocer el trabajo que hacen los organismos de la sociedad civil, además de condenar cualquier tipo de amenaza que puedan sufrir ciudadanos y periodistas”, agregó Marina del Pilar.
A su vez, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California abrió un expediente para indagar al Centro asociado con la Patrulla Espiritual. Además, tanto periodistas como activistas que denunciaron al anexo sufrieron acoso en redes sociales y amenazas.
“Hemos recibido en nuestra página del Comité del Orgullo múltiples amenazas por parte de seguidores de esta agrupación (la Patrulla Espiritual) que no ven el fondo de lo que tratamos de decir”, añade la activista en entrevista con El Financiero.
Pereira explica que no están en contra de la rehabilitación de personas con problemas de consumo de sustancias que viven en situación de calle, pero sí les preocupa la vulneración de los derechos humanos en los llamados anexos.
No es para menos. En 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó la prevalencia de establecimientos para el tratamiento de adicciones sin reconocimiento del Estado.
Según el directorio Nacional de Establecimientos Residenciales Reconocidospor la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), con actualización al 4 de mayo de 2026, en México solo existen 105 centros de rehabilitación para personas con adicciones “que se apegan a los requisitos mínimos de lo dispuesto en la normatividad vigente”.
En Baja California, hay únicamente cinco establecimientos con servicios profesionales de salud mental para personas con consumos problemáticos de sustancias y uno con un programa de enfoque de “ayuda mutua”.
Ninguno de esos establecimientos es el Centro Cristiano de Rehabilitación Jireh, cuyas instalaciones se ubican en el Ejido Matamoros, 22204 Tijuana, B.C.
“Esto (la falta de permisos para operar) resulta preocupante, ya que hay alta probabilidad de que las personas usuarias que necesitan atención la reciban de un centro sin reconocimiento del Estado, lo cual aumenta las posibilidades de que existan abusos y violaciones a derechos humanos”, explicó la CNDH en el informe 14-2020, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Pereira asegura que su colectivo está abierto a trabajar con centros de rehabilitación de la sociedad civil para garantizar los derechos humanos de quienes decidan internarse debido a sus consumos.
“No estamos en contra de la rehabilitación de Karime. Lo que pedimos es que sean tratos justos, con perspectiva de género. Se sustrae a las personas, se les priva de su libertad. Hay diferentes centros de rehabilitación que no tienen el conocimiento y la capacitación para tratar con personas que son de la diversidad sexual”, añade la activista.
Incluso afirma que trabajan en un protocolo de la mano de personas que consumen sustancias para buscar el respeto a los derechos humanos dentro de estos centros.
Son esfuerzos que existen, aunque no generen el ruido mediático como el de la Patrulla Espiritual, que cuenta con 3.4 millones de seguidores en TikTok, donde difunden sus acciones.
El Colegio de la Frontera Norte detalla que Baja California, uno de los principales puertos de entrada de drogas ilegales a Estados Unidos, “ha mantenido el nivel más alto de consumo de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína a nivel nacional”.
¿Qué y cómo son los ECOSIG?
De acuerdo con testimonios recabados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay varias formas en las que se presentan los ECOSIG o terapias de conversión. De estos abusos, se pueden identificar los siguientes:
- Coerción y falta de consentimiento.
- Privación ilegal de la libertad.
- Uso forzado de medicamentos.
- Violaciones sexuales.
“Hay muchos centros que son de extracción religiosa, cristiana. Hay un choque de pensamiento, es ahí donde a veces ocurren los ECOSIG”, comenta Pereira.
Amparo permite la liberación de Karime
El caso de Karime dio un giro, luego de que activistas y la Defensoría Pública del Estado presentaron un amparo ante unjuez, quien falló a favor de la liberación de Karime para detener cualquier posible acto relacionado con la incomunicación, tratos crueles o privación de la libertad.
El 20 de mayo, a través de redes sociales, se difundió el momento en que Karime abandonó las instalaciones.
La madre de la joven, quien en todo momento negó la identidad de género de su hija al referirse a ella en masculino, dijo estar en contra de su salida del Centro.
Los comentarios de internautas fueron, en su mayoría, de repudio contra los activistas de la diversidad sexualy surgieron entonces varias preguntas: ¿Las personas mayores de edad y con problemas de consumo de sustancias pierden la autonomía para decidir sobre su libertad? ¿La familia tiene derecho sobre ellas? ¿Deben tenerlo?
Los datos demuestran lo que muchas personas LGBTIQ+ han dicho toda la vida: las primeras violencias sufridas provienen de la familia, desde malos tratos hasta la expulsión de los hogares.
¿Qué dicen los datos sobre las terapias de conversión (ECOSIG)?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI) reveló en 2022 un dato inédito: al menos cinco millones de personas en México pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, de las cuales 908 mil 586 se identificaron bajo al paraguas trans: personas transgénero, no binaries, de género fluido, etc.
La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) muestra, entre otras cosas, que 62.4 por ciento de las personas trans encuestadas percibieron su identidad de género en la primera infanciao antes de los siete años, es decir, alrededor de 566 mil.
Sin embargo, 1 de cada 10 personas LGBTIQ+ fueron obligadas por sus padres a acudir con un psicólogo o una autoridad religiosa debido a su identidad u orientación sexual.
Además, 22.2 por ciento indicó que al revelar su identidad de género a sus familias, estas se molestaron, agredieron, ofendieron, les dejaron de hablar o los corrieron de su casa.
Retroceso en derechos humanos preocupa a activistas
Pese a las denuncias de la sociedad civil, ‘El Chikilin’, líder de la Patrulla Espiritual, defendió públicamente el procedimiento y aseguró que el ingreso de Karime fue solicitado por su familia.
En ese escenario, los activismos en Baja California están preocupados por la posibilidad de retrocesos en materia de derechos humanos.
“Hay un choque con la ultraderecha”, expresa Paola Pereira. “Queremos que no haya un retroceso, que no nos quiten derechos que tanto nos han costado y que todavía nos falta mucho por trabajar. Nos falta mucho por recorrer”, finaliza.
Informaqción de El Financiero
