El exfuncionario presuntamente está ligado con el desvío de 5 mil mdp del sistema penitenciario federal
Por Staff/ El Universal
La Prensa
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a Antonio Molina Díaz, excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por los delitos de delincuencia organizada y peculado relacionados con su implicación en el desvío de cinco mil millones de pesos del sistema penitenciario federal.
La institución ministerial señaló que el Ministerio Público de la FEMDO presentó los datos de prueba suficientes para que el juez procesara al excoordinador de centros federales en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, señalado de suscribir contratos para desviar recursos públicos.
Durante la audiencia, el juez concedió a la FGR tres meses de plazo para la investigación complementaria.
De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Molina Díaz presuntamente formó parte de una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, la cual involucraría a familiares y colaboradores, así como socios de empresas que habrían participado para supuestamente desviar los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por más de cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.
Señalan que cuando fungió como servidor público en el área de Prevención y Readaptación Social federal, posiblemente suscribió contratos con los que habría ocurrido un desvío de recursos públicos.
El exservidor público fue detenido hace unos días por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuando se encontraba en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Durante su aprehensión, se le aseguraron 2 mil 500 dólares estadounidenses y 36 mil 590 pesos mexicanos.
La FGR aclaró que al procesado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, le fue leída la Cartilla de Derechos que asisten a las personas en detención, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos.
